Introducción: Un nuevo momento para los vínculos entre Corea e Iberoamérica

El propósito principal de este artículo es analizar el panorama en rápida evolución de las finanzas sostenibles en Iberoamérica y explorar cómo la experiencia integral en políticas de la República de Corea proporciona una hoja de ruta vital para la región. A medida que las naciones iberoamericanas se esfuerzan por cumplir con los ambiciosos objetivos establecidos por el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se enfrentan a la monumental tarea de traducir las narrativas climáticas en realidades económicas e institucionales duraderas. En este contexto, aunque pueden existir múltiples temas en la relación global entre Corea e Iberoamérica, el tema del intercambio de experiencias en finanzas sostenibles debe considerarse como uno especialmente oportuno.

La conclusión de la COP30 en Belém do Pará marcó un cambio cualitativo en el tratamiento global de los bosques y la naturaleza dentro de la diplomacia climática. El lanzamiento del Mecanismo Bosques Tropicales para Siempre (Tropical Forests Forever Facility) otorgó un profundo énfasis político a la financiación para la adaptación a largo plazo y el uso de la tierra. Brasil y sus socios concibieron el Mecanismo como un instrumento para recompensar la conservación verificada de los bosques tropicales y hacer que los bosques en pie sean más rentables que la deforestación, con compromisos iniciales de miles de millones de dólares y el objetivo de escalar aún más. Para los países iberoamericanos, que poseen una enorme proporción de los bosques tropicales y la biodiversidad que quedan en el mundo, estas decisiones globales transforman las dotaciones ecológicas en un poder de negociación tangible y en oportunidades de desarrollo sin precedentes.

En paralelo, el reciente informe SEGIB-GGGI sobre Finanzas Sostenibles en Iberoamérica documentó cómo la región está pasando rápidamente de proyectos piloto aislados a una agenda sistémica. Esta agenda se construye en torno a condiciones habilitantes —tales como taxonomías nacionales, requisitos de divulgación ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza), etiquetado de presupuestos climáticos y sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)— así como a instrumentos innovadores como bonos temáticos, fondos climáticos y canjes de deuda por naturaleza. El informe subraya que las finanzas sostenibles ya no son un concepto de nicho; son una herramienta macroeconómica central para alinear las estrategias de desarrollo con los compromisos ambientales y la Carta Medioambiental Iberoamericana. Situar el diálogo Corea-Iberoamérica dentro de este ecosistema intelectual ayuda a que la relación trascienda las narrativas basadas en eventos. Representa un proceso de aprendizaje mutuo centrado en abordar las asimetrías de poder, fomentar la cooperación Sur-Sur y construir instituciones duraderas que puedan resistir la volatilidad política y económica.

Liderazgo iberoamericano y desafíos financieros estructurales

La COP de Belém elevó los bosques y el uso de la tierra de un tema secundario a un pilar central del régimen climático global. Las autoridades brasileñas presentaron explícitamente estas nuevas arquitecturas de financiación como iniciativas impulsadas por el Sur Global, coordinadas entre los países con bosques tropicales y diseñadas para fortalecer el multilateralismo, reservando a su vez recursos esenciales para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Para Iberoamérica, esto representa una oportunidad única de articular un modelo de desarrollo en el que los bosques tropicales, la biodiversidad y la bioeconomía se conviertan en activos productivos centrales en lugar de externalidades controladas al margen.

Varios países iberoamericanos ya han experimentado con innovaciones biofinancieras pioneras que combinan la gestión de la deuda, la conservación y los objetivos sociales. El canje de deuda por naturaleza de las Islas Galápagos en Ecuador, por ejemplo, reestructuró una parte significativa de sus obligaciones externas a cambio de compromisos a largo plazo con la conservación marina. Esta operación implicó la recompra estratégica de una parte sustancial de los eurobonos de Ecuador con un descuento significativo, marcando uno de los mayores canjes comerciales de deuda por naturaleza en la historia. De manera similar, Uruguay emitió bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad que atan los pagos de cupones directamente al desempeño del país en indicadores climáticos y de sostenibilidad seleccionados, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación del bosque nativo. La taxonomía de finanzas sostenibles de México representa otro hito mundial, ya que incluye explícitamente consideraciones de igualdad de género junto con la mitigación climática, integrando así las prioridades sociales directamente en el marco normativo financiero en lugar de tratarlas como salvaguardas ex post. Otros avances notables incluyen la hoja de ruta de finanzas verdes de Perú, que incorpora consideraciones ambientales en la gestión estratégica y operativa de las entidades financieras.

A pesar de estos casos de éxito, la región se enfrenta a graves desafíos estructurales. Según informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región debe invertir al menos el 3,12% de su PIB anualmente —totalizando entre 2,1 y 2,8 billones de dólares para 2030— para cerrar la brecha de infraestructura y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dados los complejos escenarios macroeconómicos, el limitado espacio fiscal y el alto endeudamiento, esperar un impulso masivo a la inversión pública resulta poco realista. En América Latina y el Caribe, la inversión pública en infraestructura ronda por debajo del 1,5% del PIB, una cifra que a menudo es la primera en ser recortada durante los períodos de ajuste fiscal. En consecuencia, la movilización de capital privado y el desarrollo de asociaciones público-privadas innovadoras se han vuelto imperativos. Sin embargo, la región adolece de una falta de marcos regulatorios homogéneos, lo que complica la comparabilidad y la interoperabilidad de las inversiones sostenibles. Si bien Iberoamérica tiene la capacidad intelectual e institucional para liderar el diseño de finanzas sostenibles, transformar estas innovaciones dispersas en una arquitectura regional duradera requiere de una voluntad política persistente y continuidad burocrática.

La arquitectura integrada de Corea para las finanzas sostenibles

Para hacer frente a estos desafíos estructurales, Iberoamérica puede extraer profundas lecciones de Corea. El «milagro coreano» demostró anteriormente que un crecimiento económico sólido es posible junto con una reducción de la desigualdad; hoy en día, Corea está demostrando que la rápida industrialización puede desvincularse de la degradación ambiental. Es importante destacar que el éxito de Corea en las finanzas sostenibles no es la historia de un único mecanismo insignia, sino la integración progresiva de tres pilares fundamentales: marcos regulatorios, mecanismos de mercado e infraestructura de implementación.

En el ámbito regulatorio, las autoridades coreanas, lideradas por el Servicio de Supervisión Financiera (FSS, por sus siglas en inglés), han trabajado sistemáticamente para integrar las consideraciones ASG y climáticas en la supervisión financiera. El riesgo climático se trata estrictamente como riesgo financiero. El FSS ha llevado a cabo de manera proactiva pruebas de estrés climático —tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba— en cooperación con la comunidad científica climática para evaluar el impacto sistémico de la crisis climática en las instituciones financieras. Una piedra angular de este enfoque regulatorio es la K-Taxonomía, que proporciona un marco de referencia definitivo para definir qué constituye actividades ambientalmente sostenibles, guiando tanto la política pública como la inversión privada. Reconociendo que la complejidad técnica a menudo actúa como una barrera para los banqueros y las corporaciones, Corea desarrolló el Sistema de Soporte de la K-Taxonomía. Esta avanzada herramienta digital analiza la documentación de los proyectos y sugiere automáticamente si una actividad se alinea con las definiciones verdes, reduciendo drásticamente la incertidumbre para los equipos de crédito. Además, para evitar el «lavado verde» (greenwashing) en el mercado crediticio, Corea introdujo las Directrices de Préstamos Verdes, que fortalecen el cumplimiento interno y garantizan que los fondos de préstamos verdes estén rigurosamente alineados con la K-Taxonomía y sujetos a revisión externa.

Corea e Iberoamérica, en conjunto, poseen la capacidad intelectual e institucional para contribuir conjuntamente a una nueva fase de la gobernanza económica global, una en la que el verdadero valor de los bosques, la biodiversidad y las capacidades humanas se refleje no solo en los discursos diplomáticos

El segundo pilar se basa en mecanismos de mercado robustos, destacando de manera prominente el Sistema Coreano de Comercio de Emisiones (K-ETS, por sus siglas en inglés). Lanzado en 2015, el K-ETS es uno de los mercados de carbono más completos a nivel mundial, abarcando seis gases de efecto invernadero y casi el 80 por ciento de las emisiones nacionales en múltiples sectores. Al entrar en su cuarta fase (2026-2030), el sistema está endureciendo su límite de emisiones para alinearse con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del país y está expandiendo sus tasas de subasta al 50 por ciento para el sector eléctrico. De manera crucial, los ingresos de las subastas no desaparecen en los presupuestos generales del gobierno. En cambio, se canalizan directamente hacia un Fondo de Respuesta Climática dedicado, que se situó en aproximadamente 1.700 millones de dólares en presupuestos recientes. Esto crea un ciclo sostenible de financiamiento climático, donde los fondos se reinvierten en infraestructura para la reducción de emisiones, investigación y desarrollo de tecnologías verdes, y en una transición justa para las industrias vulnerables.

El tercer pilar, a menudo pasado por alto en los debates internacionales pero vital para una transición justa, es la sólida infraestructura de implementación que protege a los actores más pequeños de ser excluidos de la economía verde. El Fondo de Garantía de Crédito de Corea (KODIT) ejemplifica este enfoque. Establecido en 1976, KODIT tiene décadas de experiencia en facilitar el acceso corporativo al financiamiento. En el contexto de la transición verde, ha desarrollado un sistema de Evaluación de la Capacidad de Gestión ASG para las pequeñas y medianas empresas. En lugar de simplemente imponer regulaciones nuevas y onerosas a las firmas más pequeñas, el fondo ofrece garantías de crédito adaptadas, plataformas de datos y programas de consultoría a las empresas que demuestran un compromiso con los principios ASG. Las empresas con altas calificaciones reciben beneficios financieros específicos y un trato preferencial, lo que garantiza que las pymes tengan acceso al capital necesario para una modernización sostenible. Una conclusión clave de la experiencia coreana es que esta arquitectura ha sobrevivido a los cambios de gobierno porque se convirtió en parte de las «reglas del juego», estando profundamente institucionalizada en los marcos legales, las normas de gobierno corporativo y la planificación fiscal.

Hacia una agenda compartida para transiciones justas y basadas en la naturaleza

La convergencia entre el liderazgo iberoamericano en finanzas basadas en la naturaleza y la experiencia de Corea en la construcción de una arquitectura financiera verde integrada ofrece un terreno fértil para una relación transpacífica renovada. El papel de Corea ya no se limita al de un donante tradicional o exportador de tecnología; se ha posicionado como un socio estratégico en la construcción de ecosistemas industriales verdes. Se pueden extraer varias implicaciones estratégicas para dar forma a una agenda compartida y viable entre Corea e Iberoamérica.

En primer lugar, los marcos ASG y de finanzas sostenibles deben ser co-creados con las partes interesadas nacionales para reflejar las realidades regionales en lugar de importarse al por mayor. Iberoamérica ya ha demostrado liderazgo en este ámbito, como se observa en la taxonomía con perspectiva de género de México y el enfoque distintivo de Brasil para adoptar los estándares internacionales de sostenibilidad. Un diálogo focalizado entre Corea e Iberoamérica podría centrarse en el diseño comparativo de taxonomías, los mecanismos de reconocimiento mutuo y el despliegue de herramientas digitales —como el Sistema de Soporte de la K-Taxonomía de Corea— para ayudar a las instituciones financieras locales a operacionalizar fácilmente estas taxonomías sin incurrir en costos administrativos prohibitivos.

En segundo lugar, para mantener la credibilidad del mercado y evitar el lavado verde, la región debe pasar de una condicionalidad basada en métricas a una estricta condicionalidad basada en resultados. Iberoamérica puede partir de ejemplos exitosos como el canje de deuda por naturaleza de Ecuador, donde los beneficios financieros están estrictamente vinculados a resultados ambientales y sociales verificables. El fuerte énfasis de Corea en los sistemas MRV y su capacidad de supervisión pueden complementar perfectamente la experiencia iberoamericana en el diseño de contratos basados en la naturaleza vinculados a los ecosistemas y las comunidades locales. Esta sinergia abre las puertas al trabajo metodológico conjunto, a la cooperación triangular con bancos multilaterales de desarrollo y a proyectos piloto en áreas como la energía renovable, la restauración forestal y la infraestructura pública digital.

En tercer lugar, existe un imperativo compartido de combinar las reformas regulatorias con fuertes inversiones en la capacidad de implementación. Imponer nuevas regulaciones verdes sin proporcionar los medios para cumplirlas corre el riesgo de marginar a los actores económicos más pequeños. El informe SEGIB-GGGI subraya la importancia de capacitar al personal del sector financiero y fortalecer las instituciones públicas. La práctica de Corea de integrar la asistencia técnica con el apoyo financiero —ejemplificada por el uso combinado de garantías, datos y servicios de asesoría por parte de KODIT— ofrece un modelo muy concreto para Iberoamérica. Garantizar que las instituciones financieras locales y las empresas más pequeñas reciban consultoría ASG adecuada e incentivos financieros es crucial para una transición inclusiva que no expulse a las empresas de menor tamaño de la economía verde.

Finalmente, tanto los resultados de Belém como el debate intelectual iberoamericano más amplio señalan la urgente necesidad de aislar los compromisos climáticos centrales de los cortos ciclos electorales, preservando al mismo tiempo la rendición de cuentas democrática. En Corea, esta estabilidad se logró integrando los objetivos de cero emisiones netas directamente en las leyes, los mandatos de supervisión y los marcos fiscales. En Iberoamérica, garantizar la continuidad puede implicar el establecimiento de disposiciones ambientales constitucionales, consejos fiscales independientes con mandatos climáticos, o forjar pactos regionales bajo los auspicios de la SEGIB para establecer estándares mínimos de gobernanza. Una asociación más profunda con Corea podría apoyar el diseño de estas salvaguardias institucionales, asegurando que las innovadoras oportunidades de la bioeconomía abiertas por la COP30 y las prácticas regionales no se vean deshechas por los vaivenes políticos.

El futuro de las finanzas sostenibles en Iberoamérica presenta un panorama lleno tanto de inmensas oportunidades como de complejos desafíos estructurales. Las finanzas actúan como el punto de entrada inmediato, pero la agenda subyacente es mucho más amplia: redefinir las estrategias de desarrollo nacional en torno a la resiliencia ecológica, la inclusión social y la transformación productiva. Al institucionalizar la cooperación en taxonomías, sistemas de reporte, instrumentos basados en resultados e infraestructura de implementación, Corea e Iberoamérica pueden ir más allá de las relaciones transaccionales estándar. Juntos, poseen la capacidad intelectual e institucional para contribuir conjuntamente a una nueva fase de la gobernanza económica global, una en la que el verdadero valor de los bosques, la biodiversidad y las capacidades humanas se refleje no solo en los discursos diplomáticos, sino que esté profundamente arraigado en las reglas e incentivos centrales del sistema financiero internacional.