Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs), compuestas por bancos multilaterales de desarrollo, bancos nacionales de desarrollo y bancos públicos regionales, desempeñan un rol central en la transformación estructural de las economías. Diferentes en escala y alcance, todas comparten una misión: promover inversiones a largo plazo en áreas estratégicas. Más que intermediarias financieras, las IFDs son herramientas de política pública capaces de (re)orientar flujos financieros, mitigar riesgos, movilizar recursos y estimular la innovación proporcionando capital paciente.
En el actual contexto de crisis climática, ambiental y social, estas instituciones emergen con una misión renovada de protagonizar la construcción de una nueva arquitectura financiera, guiada por una nueva Convención del Desarrollo Sostenible, ahora orientada hacia la transición verde sostenible – con un objetivo colectivo, a largo plazo y orientado por misiones.
La “transición verde sostenible”, en este contexto, se refiere al cambio sistémico del modelo actual —basado en la explotación intensiva de recursos y la desigualdad— hacia un modelo que combine descarbonización, regeneración ambiental, inclusión social y justicia territorial, acompañado de un cambio estructural. Esto exige, simultáneamente, la reorientación de la lógica financiera y el rediseño de las instituciones que guían la inversión.
Este artículo examina el rol de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs) en la viabilidad de esta transición, explorando su actuación en los ámbitos multilateral, nacional y regional, así como las reformas necesarias para que puedan cumplir plenamente su función estratégica. Defiendo que las IFDs deben estar insertas en la misión del Estado y actuar de forma articulada en red, conformando un sistema de fomento cohesionado y coordinado. La eficacia de este proceso depende de la construcción de una arquitectura financiera capaz de integrar escalas y territorios, alineando los mandatos de estas instituciones con la visión de desarrollo expresada por la propia transición verde sostenible.
Arquitectura financiera en la transición verde sostenible
El sistema financiero ocupa una función central en la transición verde sostenible, ya que es a través de él que se vuelve posible movilizar recursos a gran escala y dirigirlos hacia inversiones sostenibles, de largo plazo y con potencial transformador. Ante la urgencia y complejidad de este proceso, solo un sistema financiero reestructurado —anclado en políticas públicas y orientado por objetivos climáticos y ambientales— es capaz de garantizar los flujos financieros necesarios dentro de un horizonte temporal compatible con la magnitud y el alcance de los desafíos. Se trata de construir un engranaje financiero capaz de sostener, con el ritmo y la escala adecuados, la transformación productiva y territorial exigida por la nueva etapa del desarrollo.
Bajo la Convención para el Desarrollo Sostenible, el sistema financiero debe ser reposicionado como un componente estratégico de la acción, dotado de mecanismos capaces de orientar inversiones, absorber riesgos sistémicos y sostener la transformación estructural que exige la crisis climática, ambiental y social.
No obstante, en su estructura actual, el sistema financiero no está diseñado para hacer viable la escala y la velocidad exigidas por la transición verde sostenible. Su funcionamiento está orientado hacia los retornos a corto plazo, el enfoque en la liquidez inmediata y la aversión al riesgo complejo e incierto. Esta lógica favorece inversiones en sectores tradicionales, de retorno previsible y con garantías tangibles, como los combustibles fósiles, los grandes monocultivos y la infraestructura urbana convencional. En contrapartida, los sectores esenciales para la transición son sistemáticamente desatendidos.
Además de la selectividad sectorial, el sistema actual excluye regiones basándose en criterios de baja rentabilidad y alto riesgo. Las comunidades rurales, las periferias urbanas, los territorios indígenas y las comunidades tradicionales enfrentan una escasez crónica de crédito para emprendimientos sostenibles, incluso cuando generan un valor socioambiental significativo. Esto crea un vacío estructural de financiación que compromete la inclusión territorial en la transición.
El problema se agrava al considerar la ventana crítica de tiempo. La transición verde sostenible debe producirse con intensidad durante esta década. El volumen de inversión necesario es elevado y el tiempo para evitar el agravamiento de la crisis climática, ambiental y social se está agotando. La dependencia exclusiva de ajustes espontáneos del mercado financiero no es viable: los mecanismos tradicionales no se adaptarán por sí solos con la rapidez que se requiere.
En este contexto, las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs) asumen un rol protagónico en la reorganización del sistema financiero hacia la transición verde sostenible. Con mandatos públicos y posibilidad de inserción institucional en la planificación del Estado, estas instituciones operan con horizontes temporales compatibles con los ciclos de transformación estructural exigidos por la crisis climática, ambiental y social. Su presencia territorial y su capacidad de coordinación intersectorial les permiten articular compromisos internacionales, políticas nacionales y dinámicas locales, actuando como plataformas de ejecución de proyectos que integran metas climáticas, ambientales, sociales y económicas.
Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs) no solo pueden dirigir el crédito hacia sectores emergentes y estratégicos desde el punto de vista social, sino también construir los instrumentos y los arreglos institucionales necesarios para sostener nuevas trayectorias de desarrollo. Al hacerlo, desempeñan una función organizadora de la economía, promoviendo la creación de nuevos espacios de inversión, induciendo expectativas y consolidando pactos a largo plazo en torno a un proyecto anclado en la transición verde sostenible. Más que financiadoras, las IFDs son mediadoras de expectativas, convirtiéndose en catalizadoras indispensables de la transición.
Para que este nuevo rol se cumpla, la arquitectura financiera necesita ser repensada. Los bancos centrales, los organismos reguladores, las IFDs, los gobiernos y las agencias de planificación deben actuar como partes coordinadas de un engranaje colectivo, sincronizadas por objetivos compartidos. Esto implica algo más que una regulación prudencial: conlleva la estructuración de incentivos fiscales, el uso estratégico de las compras públicas, mecanismos de garantías y financiaciones híbridas. Solo un sistema financieramente coherente con las metas de sostenibilidad podrá catalizar la transición verde al ritmo y en la magnitud necesarios.
El rol multinivel de las instituciones financieras de desarrollo (IFDs)
Para que la transición verde y sostenible se lleve a cabo con la escala y la urgencia requeridas, es indispensable articular de forma coordinada los distintos niveles institucionales —del ámbito global al nacional, y de este a los territorios locales. En este esfuerzo, las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) ocupan una posición estratégica: al operar con mandatos públicos, integrar políticas con instrumentos financieros y moverse entre diferentes esferas decisorias, están especialmente capacitadas para liderar la construcción de un sistema financiero multinivel, coherente con los objetivos de la transición.
La propuesta es que los bancos multilaterales, nacionales y regionales de desarrollo actúen de forma complementaria, cada uno con un rol distinto e interdependiente. Los bancos multilaterales deben anclar compromisos y estándares globales; los bancos nacionales deben interiorizar estos compromisos en las políticas públicas, potencialidades y necesidades de sus países; y los bancos regionales deben traducir estas directrices en acciones concretas en los territorios, donde la crisis se manifiesta de forma más aguda.
A nivel global, los bancos multilaterales de desarrollo deben liderar la movilización de recursos, establecer criterios de sostenibilidad y garantizar la coherencia entre los flujos financieros y los acuerdos internacionales sobre clima, biodiversidad y justicia social. A través de financiación concesional, asociaciones público-privadas y mecanismos de cofinanciación, estas instituciones pueden inducir la convergencia entre distintas agendas y facilitar el acceso de los países del Sur Global a recursos en una escala acorde con sus desafíos.
En el plano nacional, los bancos de desarrollo deben funcionar como traductores de las metas globales al contexto interno, alineándolas con las políticas nacionales. Esto implica estructurar líneas de crédito, fondos de inversión y programas estratégicos que materialicen las directrices internacionales en políticas públicas, con foco en sectores alineados con la transición verde y sostenible. Estos bancos deben estar plenamente integrados en los procesos de planificación y presupuestación nacionales, además de contar con autonomía técnica y financiera para diseñar soluciones acordes con las especificidades de cada país.
A nivel regional y local, las instituciones financieras de desarrollo regional desempeñan un rol de capilaridad e inteligencia territorial. Están más próximas a las comunidades, comprenden mejor las realidades locales y consiguen adaptar los grandes objetivos de la transición a proyectos viables en el territorio.
La articulación entre los niveles global, nacional y regional es esencial para garantizar la coherencia estratégica y la eficacia territorial de la transición verde y sostenible. En este esquema, los bancos de desarrollo nacionales asumen el rol de conectores institucionales: son ellos quienes traducen los compromisos internacionales en políticas operativas y articulan los planes federales con las dinámicas locales. Para ejercer esta función, es fundamental que estén también alineados con el sector productivo, contribuyendo a la formación de expectativas positivas y orientadas a la transición. En un contexto de elevada incertidumbre que marca este proceso, las expectativas desempeñan un rol decisivo en la movilización de inversiones y en la definición de las trayectorias económicas. Cuando los agentes económicos perciben estabilidad institucional y coordinación estratégica entre políticas, instituciones y objetivos de largo plazo, se sienten más dispuestos a invertir en sectores emergentes, lo que contribuye a activar ciclos virtuosos de crecimiento económico y transformación productiva.
Elementos para una nueva arquitectura financiera
La capacidad de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) para impulsar la transición verde y sostenible depende directamente de una reconfiguración del entorno normativo, institucional y operativo en el que actúan. Para que desempeñen ese rol estratégico, al menos cuatro pilares deben sostener una nueva arquitectura financiera orientada al interés público.
En primer lugar, es fundamental establecer un nuevo marco regulador que incorpore de forma sistémica los riesgos climáticos, ambientales y sociales en los procesos de evaluación financiera. Esta incorporación se lleva a cabo mediante la revisión de los modelos de análisis de riesgo, de los criterios de asignación de capital y de las exigencias prudenciales actualmente vigentes. Específicamente, esto implica atribuir ponderaciones regulatorias diferenciadas a los activos en función de su compatibilidad con la transición verde y sostenible: las actividades ambientalmente perjudiciales —como las intensivas en carbono o destructivas de la biodiversidad— deben clasificarse como exposiciones de alto riesgo, sujetas a mayores exigencias de capital; al mismo tiempo, los sectores estratégicos para la sostenibilidad deben contar con normas que reconozcan sus beneficios sistémicos, incluso ante incertidumbres financieras.
Esta reformulación normativa exige que los riesgos relacionados con el clima, la pérdida de biodiversidad y la exclusión social se integren en los marcos prudenciales —como los Acuerdos de Basilea— y en las prácticas de supervisión de las autoridades monetarias y financieras. La adopción de métricas específicas, como indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero, vulnerabilidad ecológica e impacto social, debe formar parte de las metodologías de evaluación utilizadas por los bancos centrales, los reguladores y las instituciones financieras. Esta transformación no busca restringir el crédito, sino orientar su dirección: se trata de alinear la estabilidad financiera con la estabilidad ecológica y social, reconfigurando los incentivos del sistema financiero para que actúe como vector de la transición y no como obstáculo para ella.
El segundo pilar es la garantía de una capitalización estable y a largo plazo. Para que las IFD puedan operar con una visión estratégica y una capacidad de cambio estructural, es esencial que cuenten con aportaciones de capital articuladas con el Tesoro Nacional y con los Bancos Centrales. Estas aportaciones deben permitir que las instituciones no dependan exclusivamente de captaciones en el mercado, especialmente en momentos de inestabilidad económica.
Existen mecanismos de capitalización con potencial de aplicación, aunque condicionados a ajustes institucionales, como la creación de fondos y mecanismos de estabilización climática, las aportaciones directas de capital por parte de los Tesoros Nacionales, así como la emisión de bonos públicos vinculados a metas sostenibles, que son mecanismos relevantes de capitalización. Adicionalmente, los bancos centrales pueden desempeñar un rol estratégico fundamental al crear líneas específicas de liquidez orientadas a la transición verde sostenible, ofreciendo recursos estables y de bajo coste, condicionados al cumplimiento de criterios alineados con dicha transición.
Para ello, los bancos centrales deben adoptar una postura proactiva en la coordinación del crédito, recurriendo a instrumentos como el window guidance (orientación de ventanas de crédito) y el redescuento preferencial (preferential rediscounting), que permiten dirigir la liquidez hacia áreas consideradas estratégicas para la transición verde sostenible. Tales instrumentos ya fueron utilizados con éxito por el banco central japonés en la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El tercer elemento es el fortalecimiento institucional de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD). Al actuar como centros de inteligencia del Estado, las IFD deben contar con equipos técnicos capacitados para planificar, financiar y evaluar inversiones alineadas con la transición verde sostenible. Su labor requiere dominio de las finanzas públicas, la planificación a largo plazo, la innovación y la evaluación de impacto. Para ello, es necesario invertir en formación especializada y promover el intercambio técnico entre instituciones. En el marco de la Convención para el Desarrollo Sostenible, las IFD no son solo fuentes de crédito, sino agentes estratégicos capaces de formular diagnósticos, identificar cuellos de botella y estructurar soluciones transformadoras para el desarrollo.
El cuarto elemento es la articulación de las IFD con la planificación estatal. Como instrumentos de políticas públicas, su efectividad depende de operar en sinergia con los demás órganos y estrategias del Estado. La Convención propone que todos los instrumentos estatales estén orientados por una misión común: la promoción de la transición verde sostenible. Esto exige que las políticas fiscales, monetarias, industriales y sociales estén coordinadas y dirigidas a ese objetivo. En este contexto, las IFD son protagonistas en la financiación de la transformación, pero su actuación debe integrarse en una acción estatal amplia, cohesionada y guiada por metas de largo plazo.
Estos cuatro ejes —marco regulador, capitalización, capacitación e integración institucional— conforman una infraestructura fundamental para reposicionar a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) como catalizadoras de la transformación. Evaluarlas únicamente a partir de métricas financieras es insuficiente. Su impacto real debe medirse por su capacidad de regenerar ecosistemas, reducir desigualdades y transformar realidades locales en línea con un futuro común más justo y sostenible.
Conclusión: implicaciones políticas y estrategias para un nuevo futuro
El reconocimiento del rol de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) como pilares centrales de la transición verde sostenible implica una serie de cambios políticos e institucionales. No se trata únicamente de mejorar los mecanismos existentes, sino de reconfigurar la arquitectura del desarrollo a partir de un nuevo contrato económico, social y ecológico, basado en los principios de la Convención para el Desarrollo Sostenible.
Dicha convención propone una gobernanza orientada por misiones, que puede ser operacionalizada mediante la definición de metas nacionales vinculadas a acuerdos internacionales, la creación de consorcios intergubernamentales para la ejecución de programas integrados, y la incorporación de criterios de sostenibilidad en las decisiones presupuestarias y en las directrices de los bancos públicos de desarrollo y compromisos de largo plazo, articulando acciones en tres niveles interconectados: multilateral, nacional y regional. Para que esta articulación funcione, es fundamental la construcción de canales institucionales sólidos de cooperación y coordinación entre estos niveles.
La crisis ambiental, climática y social exige más que respuestas puntuales. Requiere un cambio estructural en las bases de nuestro sistema de desarrollo, y ese cambio pasa, necesariamente, por la transformación del sistema financiero. Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) ofrecen una oportunidad concreta y estratégica para conducir esta transformación. Con recursos adecuados, autonomía institucional y una orientación pública clara, pueden ser el motor de la transición hacia un futuro sostenible.
No se trata de un ajuste marginal, sino de una reconstrucción profunda, como la que se llevó a cabo tras la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, cuando inversiones públicas coordinadas y una arquitectura financiera robusta permitieron la reconstrucción de Europa Occidental sobre bases más sólidas e integradas. Es necesario redefinir el rol del Estado, reorientar el flujo de capitales y reposicionar el desarrollo como un bien colectivo y planetario. Como en otras transformaciones históricas, este giro exige articulación, visión y coraje político. El momento de actuar es ahora — y las IFD están entre los protagonistas de este giro histórico.
