Los crecientes impactos socioambientales de la Inteligencia Artificial (IA) no son un problema de eficiencia o voluntad, más bien son parte fundamental de un modelo económico y político centrado en un puñado de empresas muy poderosas que están empeñadas en consolidar sus redes de poder y reconfigurar la infraestructura económica global a su favor.

En este escenario, la pregunta es cuál es el papel que tienen los gobiernos de Iberoamérica, sobre todo cuando pareciera que solo somos considerados como parte de la socialización de los costos ambientales de la economía de la IA. En un escenario geopolítico convulso y en un siglo XXI donde el poder hegemónico sí estará en disputa, el papel de nuestros países puede encontrar una salida con estrategia, creatividad y solidaridad.

Una verdad incómoda

No es mérito, es el diseño del modelo: el frenesí detrás de la IA se sostiene en una narrativa de determinismo e inevitabilidad tecnológica que la presenta como el único futuro posible, impulsando a gobiernos e inversionistas a financiar proyectos por temor a quedarse atrás. Este es el caso de varios países en Iberoamérica, que invierten a pesar de que no existen posibilidades de competir por igual: la IA de vanguardia depende de chips especializados, propiedad intelectual y centros de datos a hiperescala concentrados en un pequeño número de proveedores externos. La concentración de recursos determina quién obtiene las ventajas estratégicas y económicas y quién establece las condiciones de acceso, precios y gobernanza de datos, ampliando la brecha entre países creadores y consumidores.

El caso de Latam-GPT refleja esta situación: aunque fue presentado como un modelo desarrollado por y para América Latina con el objetivo de fortalecer la soberanía digital, utiliza una arquitectura de Meta y se entrena sobre infraestructura de Amazon. Esto demuestra que la soberanía y la capacidad de competir no dependen únicamente del desarrollo de modelos, sino también del control de la infraestructura digital, los datos, la energía y las reglas que sustentan estos sistemas.

El frenesí se diseña para, por un lado, alimentar una burbuja económica que permite a empresas de IA deficitarias atraer capital de riesgo (como OpenAI, que pierde tres veces más de lo que gana), mientras se desvía la atención de debates sobre riesgos existenciales o impactos socioambientales. Por otro, el consumo masivo facilita lo que Cory Doctorow denomina como “mierdificación”, donde las plataformas primero se vuelven indispensables para capturar al usuario y luego extraen valor de forma agresiva y consolidan su dominio.

Los costos socioambientales del modelo

Este modelo de frenesí por la IA necesita la expansión global de sus centros de datos. Las grandes empresas utilizan esta inversión para blindar su posición dominante y ejecutar un modelo de negocio inverso, quemando miles de millones de dólares en pérdidas operativas mientras fuerzan una dependencia cognitiva e infraestructural en usuarios y competidores menores. Esta expansión es el cimiento material y político que asegura que el poder permanezca concentrado en una élite capaz de sostener esta carrera de resistencia financiera.

Además, las corporaciones necesitan planificar una distribución más diversa y estratégica de los centros de datos debido a las necesidades de entrenamiento e inferencia de los modelos, que requieren propiedades como latencia y acceso eficiente a energía, agua y terrenos. Esto explica por qué Brasil concentra un tercio de los centros de datos en América Latina, mientras Chile y México se consolidan como mercados emergentes: sus gobiernos ofrecen planes políticos para facilitar el acceso a recursos críticos, incluida la operación en vacíos legales socioambientales. Este vacío permite privatizar las ganancias corporativas mientras los costos ambientales son socializados sobre comunidades locales y presupuestos públicos, en un contexto de nula participación social, falta de transparencia y donde el consumo de recursos como el agua se califica como secreto comercial.

Su catálogo de impactos socioambientales implica al menos hablar de agua y energía. Un centro de datos de hiperescala puede consumir hasta 19 millones de litros de agua al día para enfriarse, equivalente al gasto de una ciudad de 50.000 habitantes, lo que es crítico en territorios con estrés hídrico. Por otro lado, una sola consulta de IA requiere hasta diez veces más energía que una búsqueda tradicional. El consumo eléctrico de los centros de datos en 2025 (448 TWh) podría cubrir las necesidades anuales domésticas de toda la población del África subsahariana durante 2,6 años. Esto satura las redes locales, ha aumentado los precios de la electricidad a usuarios en Estados Unidos y obliga a recurrir a plantas de combustibles fósiles para garantizar el suministro.

En este contexto, algunos países de Iberoamérica con matrices más limpias parecen un destino atractivo; no obstante, esa ventaja es engañosa: se atrae infraestructura de gran escala sin una evaluación suficiente de sus impactos acumulativos sobre los sistemas energéticos, ni se repara políticamente sobre el poder otorgado a estas corporaciones en la transición energética de nuestros países.

Una política socioambiental para la IA

Hasta ahora, el discurso corporativo es que la sostenibilidad de la IA se logrará principalmente eficientando procesos. Sin embargo, la Paradoja de Jevons demuestra que la mejora en la eficiencia tecnológica suele conducir a un aumento en el consumo total de recursos. Y aunque existen mejoras técnicas para disminuir el impacto ambiental, se trata de medidas aisladas que no se replican globalmente y poco responden ante la escalada del sistema.

En este contexto, una política socioambiental sobre la IA desde Iberoamérica no debe centrarse tanto en meras medidas de eficiencia ni en implementar marcos legales serios, transparentes y participativos que, aunque necesarios, son insuficientes. Una política socioambiental seria para la IA en Iberoamérica debe ser la misma política económica digital que se desacople del frenesí de la IA y busque en las alternativas tecnológicas nuevos espacios de sostenibilidad económica, humana y ambiental. Esto solo se logrará regionalmente, con diálogo multilateral, creatividad y decisión. Quizás este convulso siglo XXI, más que una crisis de las hegemonías, sea también una oportunidad para nuestros países.