Hoy sabemos que la inteligencia artificial transformará profundamente nuestras economías. En el mejor de los casos, implicará una reorganización sustancial del mercado laboral. En el peor, si seguimos por la trayectoria actual, ampliará las brechas existentes, incluidas las de género, y generará una presión creciente sobre las finanzas públicas. Se habla ya de pérdidas masivas de empleo e incluso de gravar a los robots. Pero ¿y si parte de la solución pasara por reconocer los cuidados como un derecho humano y el cuidado como un bien público?

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de aquí a 2035 podrían generarse aproximadamente 32 millones de empleos en América Latina y el Caribe vinculados a la economía del cuidado. Frente a los retos que impone la automatización, ¿no sería momento de pensar en los cuidados como un sector dinamizador del conjunto de la economía?

Existe un vasto sector de la población cuyo trabajo sostiene el funcionamiento del mercado laboral sin formar parte de la economía formal. En todo el mundo, y de manera especialmente visible en Iberoamérica, millones de personas, en su gran mayoría mujeres, se dedican al cuidado de niñas y niños, personas mayores o aquellas con discapacidad. Este trabajo, esencial para nuestras sociedades, suele realizarse sin salario, sin vacaciones y sin derechos de protección social. Desde hace décadas, distintas corrientes feministas han subrayado que lo doméstico es político. Hoy, esta afirmación adquiere una renovada urgencia.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral fue, en su momento, una respuesta eficaz a una coyuntura económica crítica. Tras la Segunda Guerra Mundial, pese a las presiones para que regresaran al ámbito doméstico, su permanencia en el empleo contribuyó al crecimiento económico, al aumento del consumo y a mejoras en la regulación laboral. Sin embargo, esa transformación dejó una promesa incumplida: la distribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidados.

Lejos de ello, lo que hemos visto es un aumento de las dobles cargas para las mujeres (labores domésticas y trabajo formal), así como la consolidación de cadenas globales de cuidados: mujeres migrantes, muchas veces en condiciones precarias, suplen el trabajo de quienes salen a trabajar.

Las cifras son elocuentes. Mientras los diez hombres más ricos del mundo aumentan su fortuna a razón de cien millones de dólares diarios, miles de millones de horas de trabajo esencial en cuidados —realizado mayoritariamente por mujeres y niñas en todo el mundo— siguen siendo infravaloradas. Esta desigualdad no es solo injusta, es económicamente ineficiente.

Además, las dinámicas demográficas refuerzan la urgencia de actuar. España ya enfrenta una estructura poblacional marcadamente envejecida, mientras que América Latina y el Caribe, aunque aún más jóvenes, están envejeciendo a un ritmo mucho más acelerado, como muestran los análisis de la CEPAL y la OCDE. En las próximas décadas, la demanda de cuidados aumentará significativamente, al tiempo que la automatización reducirá determinados empleos. Sin embargo, a diferencia de otros sectores, el trabajo de cuidados no puede ser automatizado o sustituido por máquinas.

La ecuación es clara: necesitaremos más cuidados, más ingresos públicos y nuevas fuentes de empleo. En este contexto, la economía del cuidado resulta una necesidad vital.

La Unión Europea y 16 países de América Latina y el Caribe parecen haberlo entendido. En 2025 lanzaron el Pacto Birregional sobre los Cuidados, cuyo objetivo es consolidar un espacio de diálogo y cooperación en torno a los sistemas integrales de cuidados, abordando sus dimensiones jurídicas, sociales y económicas.

Como lo señala la embajadora Jennifer Feller, negociadora de México para el Compromiso de Tlatelolco, existen dos hitos que sitúan a la región de América Latina y el Caribe a la vanguardia en el reconocimiento de los cuidados. Por un lado, la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sitúa a América Latina a la vanguardia en el reconocimiento del derecho al cuidado, mientras que el Compromiso de Tlatelolco, mediante la Década de Acción 2025-2035, establece una hoja de ruta para su implementación efectiva.

No obstante, integrar plenamente los cuidados en la lógica laboral exige un cambio de paradigma profundo. En sociedades marcadas por herencias coloniales y patriarcales, el cuidado sigue percibiéndose como una obligación privada, particularmente de las mujeres, y no como una responsabilidad colectiva. A ello se suma una visión masculina de la meritocracia laboral que atribuye el éxito de forma individual, invisibilizando las redes de cuidado que lo hacen posible.

Las percepciones sociales reflejan esta brecha. Mientras una proporción significativa de mujeres identifica claramente la persistencia de desigualdades de género, muchos hombres tienden a minimizarlas. Lo mismo ocurre con la distribución del cuidado: una mayoría de hombres considera que es equitativa, pero muchas menos mujeres comparten esa percepción.

Revertir esta situación requiere actuar en múltiples frentes. En primer lugar, es fundamental reconocer el cuidado como un derecho humano y como un pilar de los sistemas de protección social. Esto implica introducir una regulación pertinente e integrar los trabajos de cuidado en las finanzas públicas, mediante mecanismos como cotizaciones sociales, aportes para el retiro, entre otros. Para garantizar la eficacia de estas medidas, será necesario el involucramiento de la sociedad civil y de sectores representativos, de modo que participen en las decisiones que les competen.

Asimismo, resulta indispensable situar la formalización de los trabajos de cuidado como una prioridad en las agendas nacionales. Ello requiere avanzar en la certificación de competencias y en la formación profesional. En este sentido, la plena implementación del Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras del hogar constituye un paso clave.

Otro aspecto imprescindible es garantizar un financiamiento sostenible y de carácter multiactor, con la participación del Estado, el sector privado y otros actores relevantes.

Finalmente, estas medidas no serán suficientes si no se avanza hacia la desfeminización de los cuidados, reconociendo que todas las personas adultas, mujeres y hombres, en algún momento de sus vidas cuidarán o necesitarán cuidados.

Negar el derecho al cuidado, a cuidar y a ser cuidado en condiciones dignas, es aceptar una forma estructural de desigualdad. En la era de la inteligencia artificial, el verdadero atraso no será tecnológico, sino democrático si se persiste en economías que dependen de trabajo no reconocido. América Latina, el Caribe y Europa tienen hoy la oportunidad de liderar un verdadero cambio.