Este próximo mes de diciembre se cumplirán veinte años de la aprobación, en Naciones Unidas, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un famoso tango —cuya letra fue escrita por Maldonado y que hizo célebre Carlos Gardel— expresa que “veinte años no es nada”. Pero claro que lo es, sobre todo para las personas con discapacidad, cuyo movimiento asociativo participó activamente en el proceso de elaboración de la Convención, aportando su conocimiento y experiencia.

Veinte años obligan a hacer balances, pero también a preguntarnos cuál debería ser la agenda para las próximas décadas.

En estos veinte años transcurridos, la discapacidad comenzó a ocupar un lugar más visible en Iberoamérica. A veces de manera expresa; otras, todavía tímidamente. Las políticas públicas fueron incorporando —aunque aún de forma insuficiente— un enfoque basado en derechos humanos, desplazando lentamente viejas miradas asistencialistas o médico-rehabilitadoras.

Sin embargo, los desafíos pendientes siguen siendo enormes. Según datos regionales, las personas con discapacidad continúan enfrentando mayores índices de pobreza, exclusión educativa, desempleo y barreras de acceso a la salud, la justicia, la vivienda, la cultura y la participación política. A ello se suman situaciones persistentes de violencia y discriminación —particularmente hacia mujeres y niñas con discapacidad—, restricciones al ejercicio de la autonomía y la capacidad jurídica, así como formas de segregación que todavía encuentran expresión en procesos de institucionalización y exclusión comunitaria.

La Agenda 2030 representó un punto de inflexión importante al incorporar, por primera vez de manera transversal, a las personas con discapacidad dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La educación inclusiva, el trabajo decente, la reducción de desigualdades y el diseño de ciudades accesibles dejaron de ser temas sectoriales para convertirse en indicadores del propio desarrollo democrático.

El lema de “no dejar a nadie atrás”, que atraviesa los ODS, obliga a preguntarnos cuánto de esa inclusión ha sido efectivamente estructural y cuánto permanece todavía en el plano meramente discursivo. El no dejar a alguien atrás es muy simbólico en materia de discapacidad.  Mientras algunas personas continúan enfrentando múltiples barreras para avanzar, otras ni siquiera han sido plenamente incorporadas al recorrido común de la vida social. Muchas permanecen todavía atrás y detrás de barreras arquitectónicas, comunicacionales, informáticas, legales y actitudinales, entre otras. 

Avanzar exige detenerse a mirar a quienes siguen quedando atrás y a quienes ni siquiera han logrado incorporarse al camino. Ello exige revisar críticamente las dinámicas de exclusión, adoptar medidas positivas y promover un diseño universal que realmente incluya al universo real de personas y situaciones, y no solo a quienes representan una mayoría estándar de funcionamiento.

No dejar a nadie atrás supone asimismo reconocer que las personas con discapacidad no deben seguir ocupando un lugar periférico en la toma de decisiones. Las políticas públicas del futuro deberán construirse de la mano de las propias personas con discapacidad, no a espaldas ni desde la indiferencia de sus experiencias y necesidades.

También exige poner el acento en las múltiples intersecciones que atraviesan a la discapacidad, para reconocerles su cara de mujer, de persona mayor, de infancia, de migrante, de pertenencia a un pueblo originario… Y esto seguirá siendo difícil en tanto la política pública siga sin tener cara de discapacidad.

Todo ello demanda una revisión crítica de las estructuras sociales, políticas, económicas y jurídicas, que parecen resistirse al cambio. Porque parafraseando a Norberto Bobbio, los derechos de las personas con discapacidad aún no son tomados en serio. Existe una discriminación estructural que se encuentra naturalizada en la sociedad.

Es por ello que las políticas públicas deberían poder pensar en términos de igualdad inclusiva, tal como lo exige el Comité sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (Observación General, N.6. par.11). Esto supone comprender que la igualdad no se agota en la prohibición de discriminar ni en una igualdad meramente formal, sino que exige redistribuir recursos, reconocer la diversidad humana, mirar con perspectiva interseccional y garantizar una participación efectiva en la vida social.

Los próximos años enfrentarán además nuevos desafíos. El envejecimiento poblacional, la acelerada digitalización, el desarrollo de la inteligencia artificial y las crisis económicas y ambientales podrían ampliar aún más las desigualdades existentes si la discapacidad continúa siendo pensada como una cuestión periférica. El futuro de Iberoamérica dependerá, en gran medida, de su capacidad de construir sociedades accesibles, cuidadoras e inclusivas desde el diseño mismo de las políticas públicas.

Pensar el futuro de los derechos de las personas con discapacidad implica reconocer la interdependencia humana como una condición compartida de nuestra existencia. En este contexto, los cuidados aparecen como uno de los grandes desafíos éticos y políticos de las próximas décadas. La reciente afirmación del cuidado como un derecho humano en el ámbito interamericano expresa un cambio de paradigma profundo: todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de la vida, aunque no en igual medida ni de la misma manera. Sin embargo, los cuidados continúan organizándose de forma profundamente desigual e invisibilizada, recayendo principalmente sobre las familias —y especialmente sobre las mujeres— tareas y responsabilidades que las sociedades democráticas deberían asumir como una prioridad pública.

No existe desarrollo genuino allí donde amplios sectores de la población continúan viviendo entre barreras, situaciones de dependencias forzadas y exclusiones naturalizadas. El desafío de las próximas décadas no puede limitarse a un crecimiento económico aparentemente neutro; será necesario decidir cómo, para quiénes y desde qué valores se construye dicho desarrollo. Porque no habrá futuro verdaderamente democrático mientras amplios sectores de la población continúen quedando sistemáticamente atrás.

Veinte años después de la Convención, Iberoamérica todavía enfrenta el desafío de transformar la inclusión en una experiencia real y cotidiana. Porque, al fin y al cabo, como recuerda el viejo tango, veinte años no es nada… salvo para quienes han esperado demasiado tiempo para que su humanidad, su diversidad y su dignidad sean plenamente reconocidas y respetadas.