En la última década, Iberoamérica ha demostrado que puede generar innovación de clase mundial. A finales de 2025 existían cerca de 48 unicornios en la región, empresas valoradas en más de mil millones de dólares. En comparación, en 2017 solo América Latina y el Caribe contaba con solo dos unicornios. El ecosistema fintech se multiplicó por cuatro en seis años, y empresas como Globant, Cabify, Robbin o Ualá han redefinido sectores enteros como servicios de tecnología, transporte e inclusión financiera. Sin embargo, el impacto de este dinamismo sobre la productividad agregada de la región es modesto. El problema no está en los emprendedores, se encuentra en el resto del andamiaje institucional que conforma el ecosistema de emprendimiento.

Hay una gran oportunidad. Según el Banco Mundial, cada incremento significativo en la adopción de tecnologías digitales genera un aumento promedio del 1,3% en productividad en países en desarrollo. Las startups son, en muchos casos, el principal vehículo de esa adopción. Pero para que ese impacto se materialice a escala regional, hace falta algo más que talento, se necesita también capital en las etapas avanzadas del ciclo de vida emprendedor.

El cuello de botella no resuelto

El ecosistema de startups de la región funciona adecuadamente en sus primeras fases. Existen aceleradoras, programas públicos de apoyo al emprendimiento y una creciente comunidad de inversores ángeles dispuestos a apostar por ideas en etapas tempranas. El problema aparece cuando esas ideas quieren convertirse en empresas de mayor escala.

Solo un porcentaje reducido de las startups iberoamericanas que levantan una ronda de capital semilla logran llegar a etapas avanzadas de financiamiento, y la mayoría de las que lo consiguen dependen de capital extranjero para financiar su crecimiento posterior, quedando expuestas a los ciclos globales de liquidez y al apetito inversor de fondos que no conocen bien las dinámicas regionales.

Esto implica que la mayoría de las empresas más prometedoras de la región frenan su crecimiento o son adquiridas antes de alcanzar su potencial, no por falta de talento o de mercado, sino por falta de financiamiento doméstico en el momento crítico.

Una propuesta concreta: el Fondo Iberoamericano de Escalamiento (FIBE)

La propuesta es sencilla en su diseño, aunque ambiciosa en su alcance. Se trata de crear un Fondo Iberoamericano de Escalamiento (FIBE), un vehículo de inversión público-privado capitalizado por los bancos de desarrollo de la región (CAF, BID, Fonplata, BNDES, Cofides, etcétera) y las agencias nacionales de innovación. El FIBE invertiría junto a fondos privados en startups que hayan demostrado tracción y estén listas para escalar.

Este modelo ha probado ser exitoso a nivel nacional. Por ejemplo, Chile utiliza a CORFO, el ente público que apoya el emprendimiento, para apalancar capital privado con participación pública, con resultados medibles y sin distorsionar los incentivos del mercado. Lo que hace falta es replicar y regionalizar ese tipo de esquema. El FIBE podría operar con un mecanismo de primera pérdida, donde los socios absorben un tramo inicial del riesgo, para atraer a inversores institucionales y que históricamente han evitado el venture capital por su perfil de riesgo.

El impacto potencial podría ser significativo. En 2025, la inversión total de venture capital en Iberoamérica fue de aproximadamente 7.400 millones de dólares, concentrada principalmente en etapas tempranas. Un fondo regional enfocado exclusivamente en etapas posteriores al capital semilla y primera etapa podría duplicar los fondos disponibles en esas fases críticas, desbloqueando una segunda generación de unicornios que hoy no tienen fuentes de financiamiento regionales.

Más allá del financiamiento: dos condiciones habilitantes

El capital es necesario, pero no suficiente. Para que el FIBE funcione a nivel regional, la agenda pública debe abordar dos cuellos de botella adicionales, que hoy dificultan la operación de cualquier startup que quiera operar en más de un mercado latinoamericano.

El primero es la fragmentación regulatoria. Una startup fintech que quiera operar en México, Colombia, España y Brasil debe enfrentarse a cuatro marcos legales distintos, con requisitos de licencia, protección de datos e identidad digital completamente diferentes. La armonización no requiere crear nuevas instituciones, pero es necesaria la voluntad política para negociar estándares compartidos en áreas concretas. Un pasaporte regulatorio latinoamericano para startups, similar al que existe para productos financieros en la Unión Europea, reduciría los costos de expansión regional y enviaría una señal potente a los inversores internacionales sobre la seriedad del proyecto regional.

El segundo es el talento. El ecosistema de innovación no puede sostenerse si las regiones pierden sistemáticamente a sus mejores ingenieros y desarrolladores hacia mercados desarrollados. La respuesta no está solo en los salarios; se deben crear oportunidades locales de desarrollo profesional de primer nivel. Las alianzas entre universidades, aceleradoras e industria privada podrían articular programas de formación intensiva en tecnología, con énfasis en inteligencia artificial, ciencia de datos y desarrollo de software, orientados específicamente a mujeres y jóvenes de ciudades secundarias, donde una parte creciente del ecosistema se está expandiendo. Aquí son especialmente importante las alianzas entre Latinoamérica y España, Portugal y Andorra.

El Estado como primer cliente

Hay una política pública que los gobiernos iberoamericanos subutilizan sistemáticamente, y es su poder de compra. Los Estados son los mayores clientes potenciales de startups en salud, educación, movilidad soluciones financieras y de pagos, y gestión urbana. Adoptar marcos de compra pública en startups innovadoras, para generar soluciones piloto, generaría demanda predecible en el momento más crítico del ciclo emprendedor, cuando la empresa necesita validar su producto a escala real.

La suma de estas tres intervenciones, capital de escalamiento, armonización regulatoria y compra pública a startups innovadoras, no implica necesariamente un incremento significativo en el gasto público, sino una mejora de la arquitectura institucional del ecosistema de emprendimiento. Estos ingredientes podrían convertir la energía emprendedora de la región en productividad real y creciente, en empleos de calidad, y en empresas que compitan globalmente sin perder sus raíces iberoamericanas.