pensamiento iberoamericano

Revista de la Secretaría General Iberoamericana


MÁS ALLÁ DEL PIB

Borja Santos

Vicedecano y profesor en la IE School of Politics, Economics and Global Affairs

Definir qué es el desarrollo es una pregunta que todas las sociedades se hacen a sí mismas, incluso nosotros como individuos. Imparto una clase universitaria sobre desarrollo y comenzamos la primera sesión de la siguiente manera: los estudiantes se dividen en parejas. Uno se pone unas gafas de realidad virtual que lo sumergen en la escena cotidiana de una sociedad desconocida. El otro, que no puede ver nada de lo que ve su compañero con las gafas, debe hacerle preguntas para averiguar el nivel de desarrollo de esa sociedad. Luego cambian los turnos con una nueva escena. Al finalizar, ponemos en común las preguntas que han hecho. Es fascinante observar cómo las preguntas varían: ¿Hay aceras? ¿Cómo viste la gente? ¿Tienen para comer? ¿Son felices? ¿La gente se ríe? ¿Hay armas? Las preguntas son casi infinitas, distintas y diversas.

Posteriormente, explico que el desarrollo es un concepto normativo, que evalúa algo, y por tanto sujeto a un juicio de valor. Incluso podríamos preguntarnos: ¿implica el desarrollo un cambio? ¿debe ser necesariamente bueno o malo? Para ciertas corrientes postcolonialistas, el desarrollo ha sido una idea impuesta desde Occidente para promover determinados valores o estilos de vida.

El debate sobre qué es el desarrollo y cómo medir el progreso de las sociedades ha ganado importancia en las últimas décadas. Será, sin duda, uno de los ejes centrales de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4), donde el bienestar humano y la calidad de vida se presentan como pilares clave. Una de las cuestiones que resurge con fuerza es la necesidad de ir “más allá del PIB” como única medida del desarrollo. Este debate cobra especial relevancia frente a desafíos como el cambio climático, las crecientes desigualdades, el malestar social o los problemas de salud mental, entre otros. Son problemáticas que trascienden el análisis puramente económico.

La forma de medir el desarrollo influye directamente en las políticas públicas. Si una sociedad se evalúa únicamente por su Producto Interno Bruto (PIB), las políticas tienden a centrarse exclusivamente en el crecimiento económico, dejando de lado factores cruciales como el bienestar individual o la sostenibilidad ambiental. Muchas naciones han caído en este enfoque sesgado, priorizando un número que ofrece escasa información sobre el bienestar real de sus habitantes. Esto ha impedido avanzar hacia un mejor desarrollo, más sostenible y equitativo.

Aunque el PIB ha sido útil por su capacidad de comparación, cada vez se reconoce más su insuficiencia para capturar el progreso humano. Necesitamos ir más allá.

El PIB: origen, ventajas y limitaciones

El Producto Interno Bruto (PIB) fue desarrollado en Estados Unidos en los años treinta, en un contexto marcado por la Gran Depresión. En 1934, el economista Simon Kuznets presentó ante el Congreso estadounidense un informe con una fórmula para estimar el valor total de bienes y servicios producidos por un país en un período determinado. Su propuesta sentó las bases del PIB moderno, aunque fue después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el contexto de Bretton Woods (1944), cuando el PIB se consolidó como el principal indicador del rendimiento económico de los países.

Sin embargo, desde sus inicios se alertó sobre sus limitaciones. El propio Kuznets advirtió que “el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse a partir de una medida del ingreso nacional”. Robert F. Kennedy afirmó en 1968 que “el PIB lo mide todo, excepto aquello que hace que la vida valga la pena”.

El PIB no refleja la distribución del ingreso ni las desigualdades internas. Puede dar una falsa sensación de prosperidad en países con alta concentración de riqueza. Además, omite dimensiones clave del desarrollo humano: no considera la calidad de vida, el acceso a servicios básicos ni el daño ambiental. Deja fuera el trabajo doméstico no remunerado, el voluntariado o la economía informal (actividades fundamentales, especialmente en países del Sur Global).

Estas limitaciones han impulsado la búsqueda de indicadores alternativos que ofrezcan una visión más holística y guíen políticas públicas más integrales.

Redefiniendo el desarrollo

Frente a las limitaciones del PIB, surgieron nuevas corrientes que buscan redefinir el desarrollo. Uno de los enfoques más influyentes para ir más allá del PIB es el Enfoque de Capacidades, desarrollado por Amartya Sen y Martha Nussbaum. Propone entender el desarrollo como la expansión de las libertades reales de las personas, es decir, su capacidad para llevar vidas que valoran. Aunque el ingreso es un medio, el desarrollo implica también salud, educación, seguridad, participación política o autonomía personal.

Inspirado en esta visión, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo en 1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que combina tres dimensiones: salud (esperanza de vida), educación (años esperados y promedio de escolarización) e ingreso (PIB per cápita). Esta integración permitió reconocer que el desarrollo no puede limitarse al crecimiento económico y es multidimensional.

Con el tiempo, el IDH evolucionó para incorporar nuevas variantes como el IDH ajustado por desigualdad (IDH-D), el Índice de Desigualdad de Género (IDG) o el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Esto ha transformado la forma de entender la pobreza como una privación multidimensional, ayudando a diseñar políticas públicas que protegen los derechos e impulsa las capacidades en todas aquellas dimensiones.

En Europa, por ejemplo, la pobreza se mide también en términos relativos, comparando el ingreso de una persona con la media nacional, lo que destaca la importancia de la inclusión social y la equidad.

Igualmente, la sostenibilidad ambiental ha empezado a integrarse. El Índice de Desarrollo Humano Ajustado al Planeta (IDHP) resta puntos al IDH en función de las emisiones de CO₂ per cápita. Esto permite visualizar el desarrollo como un equilibrio entre bienestar humano y salud planetaria.

De los ODM a los ODS

En 2000, se adoptaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), centrados principalmente en la reducción de la pobreza extrema. Aunque fueron un avance, se los criticó por su enfoque limitado a países de bajos ingresos y por no considerar suficientemente las condiciones iniciales de cada país.

En 2015, la ONU adoptó la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este nuevo marco propone una visión holística, universal e integradora del desarrollo. Abarca no solo el crecimiento económico, sino también la sostenibilidad ambiental (ODS 13 al 15), la inclusión social (ODS 1, 5 y 10), el acceso a la educación y la salud (ODS 3 y 4), así como aspectos de gobernanza y alianzas (ODS 16 y 17).

Un elemento clave de la Agenda 2030 —y que fue ampliamente ignorado por métricas de desarrollo anteriores— es su reconocimiento explícito de la diversidad de contextos nacionales. Aunque establece un marco común de metas globales, la Agenda permite que cada país adapte la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a sus propias capacidades, prioridades y circunstancias. Esta flexibilidad favorece la apropiación local de los ODS y facilita que las metas se alineen con los desafíos, fortalezas y trayectorias específicas de cada nación.

Países que han ido más allá del PIB

Distintos países han implementado iniciativas para superar las limitaciones del PIB:

  • Bután (Gross National Happiness): En la década de 1970, fue pionera en la creación de un marco alternativo al PIB con su propuesta de la Felicidad Nacional Bruta (FNB), un indicador que parte de la premisa de que el desarrollo debe centrarse en maximizar la felicidad colectiva antes que la riqueza material. Este enfoque ganó relevancia internacional cuando, en 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 65/309, en la que se reconocía la felicidad como un objetivo humano fundamental y se instaba a los Estados miembros a elaborar medidas más inclusivas y holísticas del progreso, más allá del Producto Interno Bruto.
  • Escocia: En 2007, Escocia lanzó su National Performance Framework (revisado en 2018), un modelo de referencia pionero que integra la visión de una Economía del Bienestar. Este marco establece once prioridades nacionales acompañadas de indicadores específicos para evaluar múltiples dimensiones del bienestar en la sociedad escocesa. Más allá del crecimiento económico, el enfoque incluye metas como fomentar comunidades inclusivas y resilientes, asegurar que la juventud crezca en un entorno de seguridad, afecto y respeto, y garantizar una educación y un sistema de salud accesibles y de calidad para todos. 
  • Francia: En 2008, el entonces presidente Nicolas Sarkozy creó la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi para repensar la medición del progreso. Liderada por los economistas Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, la comisión propuso complementar el PIB con indicadores de calidad de vida, sostenibilidad ambiental y distribución del ingreso. Su informe se convirtió en un referente global para incorporar el bienestar en las estadísticas oficiales.
  • OCDE: Lanzado en 2009, el proyecto «Bienestar y más allá del PIB» de la OCDE busca transformar la medición del progreso para que refleje mejor la calidad de vida y la sostenibilidad. Reconociendo que el PIB no capta dimensiones clave como la salud mental, la cohesión social o las desigualdades, la OCDE propone un marco que incluye indicadores de bienestar actual (salud, educación, empleo, medio ambiente, relaciones sociales) y bienestar futuro (capital natural, humano, social y económico). Herramientas como el Better Life Index y el informe How’s Life? permiten evaluar y comparar estos aspectos entre países. Más de dos tercios de los Estados miembros ya aplican este enfoque en sus políticas públicas, avanzando hacia una economía centrada en las personas y el planeta.
  • Ecuador y Bolivia:  En 2008, Ecuador incorporó el concepto de buen vivir o sumak kawsay en su nueva Constitución, mientras que Bolivia lo hizo en 2009 bajo la noción de vivir bien o suma qamaña. De raíces indígenas, este enfoque propone una visión del desarrollo centrada en la armonía entre las personas, la comunidad y la naturaleza. Aunque su implementación ha sido desigual, representa una innovación valiosa en el debate global sobre modelos de desarrollo más integrales y sostenibles.
  • Reino Unido (Nacional Well-being Measurement): Desde 2010, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) desarrolla el Programa de Medición del Bienestar Nacional, que monitorea diez dominios clave del bienestar, incluyendo salud, relaciones personales, empleo, medio ambiente y gobernanza. Este marco busca complementar los datos económicos tradicionales e informar las decisiones gubernamentales con una visión más integral del progreso.
  • Estados Unidos (Santa Mónica): En 2013, la ciudad de Santa Mónica, California, lanzó el Santa Monica Wellbeing Project, convirtiéndose en pionera en integrar el bienestar humano en la formulación de políticas locales. El proyecto utiliza un índice basado en seis dimensiones clave y ha sido replicado por otras ciudades interesadas en una gestión pública centrada en las personas.
  • Islandia (Well-being Index): Desde 2019, Islandia implementa un Índice de Bienestar compuesto por 40 indicadores que abarcan aspectos sociales, económicos y ambientales. 
  • Nueva Zelanda: En 2019, Nueva Zelanda presentó el Well-being Budget, un presupuesto nacional diseñado explícitamente para priorizar el bienestar humano. El enfoque integra indicadores sociales, ambientales y económicos en la asignación de recursos, marcando un hito en la gobernanza y presupuestos nacionales orientados al bienestar.
  • Canadá: En 2021, Canadá estableció el Quality of Life Framework, un marco oficial para medir el bienestar en cinco dimensiones clave: prosperidad, salud, comunidad, medio ambiente y gobernanza. Este enfoque busca informar la toma de decisiones y fomentar una visión más integral del progreso nacional.
  • Chile: Desde 2021, a través de la Encuesta de Bienestar Social, Chile ha comenzado a incorporar de forma progresiva dimensiones subjetivas del bienestar en sus estadísticas oficiales, con el fin de captar percepciones ciudadanas sobre calidad de vida, cohesión social y satisfacción con los servicios públicos.
  • Australia: En 2023, el gobierno australiano presentó su marco Measuring What Matters, centrado en cinco áreas fundamentales del bienestar: salud, cohesión social, sostenibilidad ambiental, seguridad y prosperidad. 

Estos casos evidencian que es posible construir índices que respondan a realidades nacionales y prioridades sociales distintas. Estas iniciativas comparten un objetivo en común: el desarrollo debe centrarse en el bienestar integral de las personas y en la sostenibilidad del planeta, no solo en el crecimiento económico.

Más allá del PIB

En las últimas décadas ha quedado claro que el PIB no puede seguir siendo la única referencia del progreso. Aunque útil como indicador económico, es necesario ir más allá.

La Agenda 2030, junto con los marcos e indicadores desarrollados por diversos países, muestra que es posible redefinir el desarrollo en términos de bienestar integral y sostenibilidad. Pero para que estas métricas se traduzcan en cambios reales, es imprescindible que los gobiernos las integren en sus sistemas de planificación y presupuesto, adaptándolas a sus contextos sociales, culturales y ecológicos.

Necesitamos una transformación profunda. Una nueva forma de evaluar el progreso humano, donde el crecimiento económico no sea un fin en sí mismo, sino un medio para construir sociedades más resilientes, equitativas y dignas. Solo así podremos avanzar hacia un desarrollo verdaderamente humano y sostenible, para el presente y las generaciones futuras.

Borja Santos: Vicedecano y profesor en la IE School of Politics, Economics and Global Affairs. Experto en cooperación internacional, políticas públicas y desarrollo global. Ha trabajado para organismos como Naciones Unidas, la OCDE y ONGs internacionales en más de 15 países.

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