La arquitectura financiera internacional surgida de la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods (Estados Unidos) cumplió 80 años, por lo que es tiempo de reformas. Si bien esta institucionalidad –con la creación del del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y sus instrumentos financieros globales- ha tenido una contribución notable al avance de la integración económica global y el desarrollo económico, el consenso es que hoy está demasiado anclada en el pasado.
El mundo está inmerso en una transformación tecnológica, económica y política sin precedentes, lo cual exige una nueva arquitectura financiera internacional. Estas dinámicas están reformulando de manera cada vez más acelerada el modo en que operan las sociedades, los gobiernos y las empresas. El mundo en 2025 es un mundo radicalmente diferente al de la posguerra en los años cuarenta, con un aumento sobresaliente del poder económico y del soft power de las economías emergentes (‘Sur Global’), el regreso de la Geopolítica en mayúsculas y las revoluciones tecnológicas, con la emergencia de nuevos actores geopolíticos asociados a las mismas.
De hecho, el mundo en 2025 es radicalmente diferente no solo al de los años cuarenta, sino también al de inicios del siglo XXI cuando se celebró la primera conferencia de financiación del desarrollo en Monterrey (México) y se empezaron a formalizar opciones para aumentar la capacidad de financiamiento ante retos globales como el cambio climático, debatir sobre responsabilidades adicionales de vigilancia de la economía mundial o sobre la corrección de desajuste entre los pesos en población y economía frente a la representación política. Entonces, a inicios de los 2000, el peso de las economías de la OCDE (representativas de las de alto ingreso) suponían el 60%, por el 40% de los no miembros. Se estima que desde 2010 las economías emergentes las superaron, con proyecciones de reversión de los pesos a final de esta década.
Una revolución tecnológica acelerada
En el plano puramente tecnológico, desde inicios de siglo, los avances tecnológicos han transformado profundamente la sociedad y la economía global. Entre ellos destacan la masificación del acceso a Internet, el surgimiento de los teléfonos inteligentes (a partir de 2007 con la llegada del iPhone), la expansión de las redes sociales, y el desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático que han redefinido industrias enteras. Además, los avances en computación en la nube, blockchain, vehículos autónomos, el despliegue del 5G y la edición genética han marcado hitos significativos. La Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por la integración de tecnologías digitales, biológicas y físicas, tiene su inicio formal en 2011, cuando Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, destacó la convergencia de tecnologías disruptivas que transforman la producción, la gobernanza y la vida cotidiana.
Para ilustrar este cambio, a inicios de 2002, las diez empresas con mayor capitalización en el mundo se distribuían entre los sectores de energía, farmacéutico, banca, comercio y tecnología (Microsoft e Intel). En la actualidad, ocho de las diez principales empresas son tecnológicas (y entre ellas, solo Microsoft se mantiene en el top10 gracias a nuevos negocios como la nube y la Inteligencia Artificial). De hecho, en 2002 no existían Meta, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Zoom, Tesla, Airbnb o Uber por mencionar algunas, las cuales hoy son imprescindibles para la información, la comunicación, la movilidad, las finanzas, el trabajo o incluso las relaciones internacionales.
Estos sobresalientes cambios, si acaso, se van a acelerar en los próximos años, por lo que es momento de acción. Las presidencias del G20 por economías del Sur Global, el surgimiento de instituciones financieras internacionales con capital integro de economías emergentes, o la profundización de las relaciones económicas y financieras sur-sur (comercio, inversiones, transferencias de tecnologías) son hoy parte estructural de la economía y de la política global. El impacto del cambio climático sobre la frecuencia y profundidad de los desastres naturales es evidente. En los últimos cincuenta años, cada país de América Latina y el Caribe ha sufrido, en promedio, el impacto de un desastre climático por semana, ya sea inundación, tormenta tropical, huracán, sequia, ola de calor o incendio. Y, de hecho, se están observando migraciones masivas por motivos económicos, pero crecientemente climáticos e incluso bélicos.
La financiación para el desarrollo necesita modernizarse y alinearse con las exigencias del siglo XXI, especialmente en el ámbito de la digitalización, y la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre financiación del desarrollo (Sevilla, 2025) abre una oportunidad magnifica para Iberoamérica. Es momento de rediseñar cómo se movilizan los recursos destinados a estas infraestructuras y servicios digitales en los mercados emergentes, y en América Latina y el Caribe en particular.
Para estas regiones emergentes, subirse sobre la ola digital es una oportunidad única para acelerar su desarrollo, incluso para dar un salto de décadas, superando barreras históricas como la falta de infraestructura física o el acceso limitado a servicios esenciales, y la integración en las cadenas globales de valor. Esto es posible al priorizar aspectos clave como la conectividad inclusiva y segura, el desarrollo de un Estado ágil e inteligente con servicios públicos potenciados por Inteligencia Artificial, la potenciación del talento, la digitalización de sectores económicos tradicionales como los agrícolas, manufactureros y de servicios, y sectores de avanzada, incluyendo tecnología financiera (fintech), biotecnología, energías renovables y logística y la protección del medio ambiente.
La digitalización abre nuevas oportunidades para el emprendimiento, genera empleos en sectores tecnológicos emergentes y democratiza el acceso a la educación y la atención médica y comercio integrando a poblaciones tradicionalmente excluidas. Es un catalizador para la transición hacia modelos sostenibles de desarrollo económico y la protección del medio ambiente, un tema especialmente relevante para regiones con alta biodiversidad y vulnerabilidad climática. Sin embargo, estos avances requieren bases sólidas que muchos países en desarrollo aún no poseen. La construcción de infraestructuras digitales, incluyendo conectividad universal y redes de datos, es onerosa y su financiación está limitada por restricciones presupuestarias y acceso desigual a inversión extranjera. Además, muchas de estas economías carecen de la presencia de gigantes tecnológicos como Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Alibaba o Huawei, que dominan el panorama digital global.
Los bonos de desarrollo digital: impacto y estructura
Una propuesta prometedora es la emisión de bonos de desarrollo digital para el financiamiento de la infraestructura y adopción tecnológica. La tecnología no solo impulsa la innovación, sino que también redefine las bases mismas de la economía global. Innovaciones como la inteligencia artificial, el big data, la ciberseguridad y los progresos en la generación y transmisión de energías renovables están moldeando el futuro.
Siguiendo el modelo exitoso de los bonos verdes y sociales, estos bonos de desarrollo digital se diseñarían para captar recursos destinados a infraestructuras y adopción de tecnologías avanzadas. Pueden enfocarse en financiar proyectos estratégicos que catalicen el impacto de la transformación digital en los países en desarrollo, abordando tanto infraestructura crítica como tecnologías avanzadas de la Cuarta Revolución Industrial. Entre las iniciativas clave se incluiría el despliegue masivo de redes de fibra óptica y cables submarinos, indispensables para mejorar la conectividad transnacional y la integración en la economía digital global; la implementación de redes 5G, que habilitan servicios avanzados en sectores como manufactura, salud, educación y transporte; y el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes, equipados con sistemas de gestión eficiente de recursos como agua, energía, tráfico y residuos.
Además, estos recursos podrían destinarse a la integración del Internet de las Cosas (IoT) en entornos urbanos y rurales, mejorando la calidad de vida y la competitividad de sectores productivos como la agricultura, el comercio y la logística. Tecnologías emergentes como drones para monitoreo ambiental y entrega de bienes en zonas remotas, plataformas de blockchain para asegurar transacciones y cadenas de suministro, y el uso de inteligencia artificial para optimizar procesos en sectores clave como la salud pública y la educación también podrían beneficiarse de este financiamiento.
Proyectos para la construcción de centros de datos verdes y sostenibles, que faciliten el procesamiento seguro y eficiente de grandes volúmenes de datos, necesarios para la implementación de estrategias de inteligencia artificial y la explotación de redes satelitales de baja órbita contribuirían a cerrar la brecha digital de comunidades marginadas. Adicionalmente, la expansión de plataformas de identidad digital e infraestructura de ciberseguridad garantizaría una transformación digital inclusiva y resiliente, promoviendo el acceso equitativo a servicios públicos esenciales y fomentando la confianza en la economía digital.
En definitiva, los bonos digitales no solo impulsarían la competitividad y sostenibilidad económica, sino que también posicionarían a los países en desarrollo como protagonistas en la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fortaleciendo su integración en cadenas de valor globales.
Para estructurar un bono de desarrollo digital que cumpla con estos objetivos, se requiere un diseño técnico adecuado que optimice su capacidad de atraer capital, gestionar el riesgo y garantizar su impacto en el desarrollo, y a la vez se alinee con las características de largo plazo de las inversiones en infraestructura tecnológica, que suelen requerir un periodo de maduración prolongado antes de generar retornos económicos. Por ello, estos bonos podrían tener plazos de vencimiento de entre 10 y 15 años, otorgando a los proyectos el tiempo necesario para implementarse y comenzar a rendir frutos.
Una característica clave en el diseño de los bonos digitales es el uso de estructuras de bonos respaldados por activos. Estos bonos estarían garantizados por los activos que financian, es decir, estas redes de telecomunicaciones, centros de datos o sistemas de ciberseguridad e infraestructuras tecnológicas estratégicas como redes 5G, plataformas de IoT, y soluciones de IA. También se podrían incluir infraestructuras para ciudades inteligentes, como sistemas de movilidad y energía conectada. Ello proporcionaría a los inversores mayor seguridad, vinculando directamente el rendimiento financiero con el éxito de estos proyectos tecnológicos críticos. Este tipo de estructuración no solo reduce el riesgo de impago, sino que también incrementa el atractivo del bono en los mercados financieros. En caso de un evento de incumplimiento, los inversores tendrían derechos sobre los activos subyacentes, lo que mitigaría la incertidumbre asociada a las economías emergentes.
Los bonos digitales no solo impulsarían la competitividad y sostenibilidad económica, sino que también posicionarían a los países en desarrollo como protagonistas en la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fortaleciendo su integración en cadenas de valor globales.
Los bonos de desarrollo digital podrían incluir opciones de conversión en acciones de los proyectos financiados, como es común en los bonos convertibles. Esto permite a los inversores beneficiarse no solo de los intereses devengados, sino también de una posible revalorización del proyecto, en caso de que se conviertan en socios accionistas de la iniciativa tecnológica. Esta flexibilidad estructural también puede hacer que los bonos digitales sean más atractivos para una base más amplia de inversores, en particular para aquellos interesados en asumir mayores riesgos con la posibilidad de obtener mayores recompensas.
Una innovación adicional en el diseño de los bonos de desarrollo digital podría ser la inclusión de tasas preferenciales negociadas con grandes empresas tecnológicas. Empresas bigtech como las mencionadas podrían participar como co-inversores (combinándose capital público y privado) o garantes, reduciendo así el riesgo percibido por los inversores y permitiendo que los bonos ofrezcan condiciones más favorables que otros instrumentos financieros. Esta colaboración entre el sector público y privado ayudaría a crear un ecosistema en el que tanto las grandes tecnológicas como los países emisores se beneficien de la mejora en las infraestructuras digitales.
En cuanto a la moneda de emisión, los bonos de desarrollo digital se emitirían preferentemente en monedas fuertes, como el dólar estadounidense o el euro, para atraer a inversores internacionales y reducir el riesgo cambiario. Sin embargo, algunos países podrían optar por emitir bonos en moneda local, con la incorporación de mecanismos de cobertura (hedging) que protejan a los inversores de las fluctuaciones cambiarias. Esta dualidad en la estructura de la moneda permitiría a los emisores atraer tanto a inversores globales como a locales, adaptándose a las necesidades del mercado. Asimismo, se podría explorar su relación con las monedas digitales, con las cuales, si bien están aún en estadios incipientes, comparten el destino de los fondos.
Además, los bonos digitales deben estar respaldados por un sistema de certificación de impacto digital desarrollado e implementado por firmas independientes especializadas, que garantice la transparencia y credibilidad en la utilización de los fondos. Este sistema implicaría la implementación de auditorías periódicas y reportes de progreso, asegurando que los recursos captados sean efectivamente utilizados para los proyectos definidos y generen un impacto positivo en términos de desarrollo económico y social. Este marco de certificación proporcionaría a los inversores la confianza necesaria para participar, asegurando que sus inversiones están contribuyendo al crecimiento sostenible de los mercados emergentes.
Para que estos bonos sean viables a largo plazo, los bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial y su brazo privado IFC, el Banco Europeo de Inversiones, así como los bancos regionales como el Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) deben desempeñar un papel fundamental en su diseño, emisión y promoción. Estas instituciones no solo aportarían capital, sino que también ofrecerán asistencia técnica, ayudando a los gobiernos a estructurar los bonos de manera que maximicen su atractivo para los inversores globales. Además, su involucramiento garantizará que los proyectos financiados por estos bonos cumplan con los más altos estándares de desarrollo sostenible y tengan un impacto tangible en las economías locales.
El momento es ahora
Las economías emergentes necesitan entrar en un círculo económico, financiero y social virtuoso, para poder escapar de las trampas de productividad, pobreza, debilidad institucional y riesgos medioambientales. La digitalización no es una opción, sino una necesidad urgente. Como se dice habitualmente, el desarrollo será digital, o no será. Los países que no logren construir una infraestructura digital robusta corren el riesgo de quedar rezagados en un mundo cada vez más interconectado.
América Latina y el Caribe, y más ampliamente Iberoamérica, debería tener más voz y acción en este debate sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional y abogar por el desarrollo de estos bonos de desarrollo digital. Es conocido que de manera natural no es el caso en los grandes eventos internacionales por su rango de ingreso medio, o el funcionamiento correcto de sus sistemas políticos y ausencia de conflictos bélicos (mientras que la cooperación al desarrollo tradicional se enfoca en los países de ingresos bajos o en conflicto, y los inversores internacionales en los mercados más dinámicos y desarrollados). Pero precisamente estas son bases para impulsar una región a dar el salto a ingreso alto, a fomentar la formalización de las económicas consolidando a la nueva clase media, para reconectar a los ciudadanos con sus instituciones, y para poner en valor su ingente riqueza natural desarrollando su bioeconomía y soluciones a retos globales como la transición energética. A modo de ejemplo, una iniciativa de transformación digital en América Latina y el Caribe, que comporte recursos de la cooperación internacional, de los bancos de desarrollo y mayor inversión privada sobre la base de marcos institucionales y regulatorios sólidos por un monto del 1,3% del PIB regional podrían generar 2.5 millones de puestos de trabajo formales y acelerar un punto cada año el crecimiento de la región (equivalente a sumar una Colombia cada cuatro años).
Los bonos de desarrollo digital representarían una acción innovadora, necesaria y concreta para financiar la digitalización en los mercados emergentes en un momento histórico clave en el que hay que pasar de la teoría a la acción. Los debates, conferencias y grandes alianzas globales son útiles para establecer el marco conceptual, pero el verdadero cambio ocurrirá cuando estas ideas se traduzcan en proyectos concretos que transformen las economías locales. Los bonos digitales pueden ser la clave para movilizar los recursos necesarios para cerrar la brecha tecnológica, pero esto requiere un compromiso colectivo para llevar esta visión a la realidad. El éxito dependerá de que los gobiernos, el sector privado y las instituciones multilaterales colaboren en la creación de un entorno favorable para su emisión y adopción. Es el momento de pasar de la teoría a la práctica.
El presente y futuro es digital, su financiación también debería serlo. ¿Qué mejor momento y qué mejor lugar que lanzar esta estrategia de bonos de desarrollo digital que en Sevilla, bajo el liderazgo de Iberoamérica y de sus instituciones?
