Migración Global y Sistemas Migratorios en las Américas
En un mundo que enfrenta ya muchas incertidumbres, la migración, bien gerenciada, se posiciona como una oportunidad para avanzar hacia un desarrollo global pleno. Diversos informes han confirmado la consolidación de tendencias, al igual que cambios importantes a nivel global que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de política pública informadas y efectivas. En primer lugar, la migración sigue siendo una constante; el mundo cuenta hoy con alrededor de 281 millones de migrantes internacionales que es equivalente al 3% de la población mundial, un porcentaje que se ha mantenido estable durante los últimos 40 años. En materia de desplazamiento forzado, sin embargo, los flujos van en aumento. Lamentablemente a finales de 2022, la cantidad de personas desplazadas forzadas alcanzó la cifra récord de 117 millones.
Las Américas no han estado ajenas a estas dinámicas. Desde 2010, la región ha experimentado un notable repunte de la migración internacional, superando cualquier otra región del mundo con respecto al relativo crecimiento. De los 281 millones de migrantes internacionales, el número de inmigrantes que residen en América Latina y el Caribe (ALC) se duplicó de 8,3 millones en 2010 a 16,3 millones en 2022. Mientras que, por un lado, esta movilidad humana genera desafíos significativos, por el otro, también tiene el potencial de generar importantes aportes. Para citar un dato, entre 2000 y 2022, las remesas internacionales aumentaron en un porcentaje del 650% pasando de 128.000 a 831.000 millones de dólares. En varios países de América Latina y el Caribe, las remesas de los migrantes superan a las inversiones extranjeras directas en el PIB.
¿Cuáles son estos sistemas migratorios que requieren seguimiento y respuestas de política pública para su mejor aprovechamiento? Uno de los principales es el de 7.774.494 personas venezolanas (para junio de 2024), quienes se vieron forzadas a migrar debido a una crisis política, social, económica, humanitaria y de derechos humanos sostenida que ha vivido ese país. Esta es la mayor dinámica migratoria y de desplazamiento forzado que ha tenido la región en su historia y, desde octubre de 2022, la más grande del mundo. Esta crisis migratoria global ha impactado especialmente a las Américas, en especial a raíz del hecho de que más de 6 millones y medio de estas personas venezolanas, o el 84,7%, viven en países de América Latina y el Caribe.
Otro sistema migratorio que requiere atención es el de personas haitianas. Los efectos combinados del terremoto de 2010 y una crisis política y de seguridad que afecta severamente al país han resultado en miles de haitianos desplazados a otros países de la región. Esto ha llevado a que hoy se entienda como “la próxima crisis de desplazamiento en las Américas, gestándose progresivamente y de forma desapercibida”. Por su parte, las personas cubanas siguen dejando la isla en busca de derechos, oportunidades y democracia. Para 2021, más de 222.000 personas cubanas habían migrado por la persistencia de violaciones a sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales, usando las redes de la diáspora cubana -predominantemente en Estados Unidos- para asentarse en ese país. Aunque no es cubierta en medios de la misma forma que otras migraciones, ha habido un aumento significativo en el número de cubanos que migran irregularmente a Estados Unidos desde 2020, lo que representa la mayor emigración de este tipo en la historia moderna de Cuba. A esto se suma la situación en Centroamérica y México, donde más de 1 millón de personas han sido desarraigadas de sus hogares dentro de sus propios países y hacia países vecinos debido a la violencia, la inseguridad, la pobreza y la desigualdad socioeconómica que han acelerado dinámicas históricas de movilidad humana. Estos desafíos se han profundizado por el marcado aumento en el número de personas que se desplazan en movimientos mixtos, o sea personas que viajan juntas, recorriendo las mismas rutas y utilizando los mismos medios de transporte, pero por razones distintas. Son mujeres, hombres, niñas o niños, con diversas necesidades quienes en su tránsito migratorio están expuestos a vulneraciones de sus derechos, y especialmente en puntos humanitarios críticos tales como el paso por la selva del Darién, o por la frontera entre México y Estados Unidos.
Tal como esta revisión sugiere, las principales dinámicas migratorias responden a una tendencia constante de migración desde nuestra región, pero dista de patrones anteriores principalmente dado el hecho de que una gran mayoría de las migraciones son hoy de carácter intrarregional, especialmente en América del Sur y Central. En efecto, esta migración intrarregional marca una ruptura con respecto a años anteriores, cuando la atención se centraba en las personas que migraban, a menudo con aspiraciones de llegar a destinos como Estados Unidos, Canadá o España. Si bien la migración extrarregional continúa, América Latina y el Caribe se han transformado en un centro vibrante para la migración intrarregional.
Seguridad y derechos humanos: retos de las migraciones
Esta migración intrarregional supone retos en varias dimensiones, pero vale resaltar las que impactan la seguridad en países de tránsito y destino, y el acceso a derechos y protección de las personas en la ruta migratoria.
Estas variables son cruciales especialmente porque cualquier respuesta de política pública o acción de cooperación debe reconciliar las tensiones que existen entre la legítima garantía de la seguridad de los Estados y la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana, y de las comunidades que las acogen.
Proteger fronteras sin proteger derechos aleja a países de tránsito y receptores de sus obligaciones en materia de derechos humanos a nivel internacional. Proteger derechos sin proteger fronteras atenta contra la obligación de los estados de cuidar sus territorios, y a la ciudadanía que en ellos habita, y entre otras amenazas, de controlar el crimen organizado, y sus devastadores efectos, en zonas fronterizas, y en sus países. Los sistemas migratorios mencionados están generando retos en ambas dimensiones.
Por un lado, es un hecho que la gran mayoría de estas personas que migran dentro del hemisferio lo hacen en precarias condiciones materiales, sin patrimonio y con frecuencia sin documentación, lo que los hace presa fácil del crimen organizado transnacional que ha encontrado en la migración una nueva fuente de ingresos. Los números son perturbadores y sugieren que será muy difícil poder eliminar la influencia de organizaciones criminales en el fenómeno migratorio sin medidas efectivas sobre la base de la cooperación entre países, especialmente por el carácter transnacional de las acciones criminales. Según estimaciones de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) en dos de las principales rutas de tráfico de migrantes a nivel mundial, de África hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte, se generan entre 5.500 a 7.000 millones de dólares anuales para los delincuentes que operan en estas zonas. Esto involucra el pago de coimas a autoridades migratorias, de aduana y de frontera, el pago por coyotaje, entre otros delitos asociados al tráfico de migrantes y trata de personas. Lamentablemente este flagelo tiende a afectar mucho más pronunciadamente a las mujeres, niños y niñas, y otros grupos en situación de vulnerabilidad. En el caso de tráfico de migrantes, a pesar de ser una transacción en la que la persona migrante está activa y voluntariamente participando, las mujeres son víctimas de abusos sexuales, violencias, y extorsiones sexuales en esos trayectos que no suelen ser experimentados, o al menos con la misma frecuencia, por los hombres. Esto se repite en situaciones de trata. Para 202l, las mujeres y niñas representaban más de la mitad del porcentaje de las víctimas de este delito en las Américas.
Al mismo tiempo, las migraciones apelan a las capacidades de los Estados de responder en materia de protección de derechos, principalmente en la estabilización humanitaria de corto plazo, y la integración socioeconómica de poblaciones migrantes y refugiadas. Debido a las condiciones precarias en que la mayoría de los migrantes y desplazados forzados se movilizan en las Américas, la primera respuesta que deben dar los estados es vía ayuda humanitaria a través de la provisión de servicios médicos básicos, albergues y alimentación. Por otro lado, la experiencia de campo, así como las observaciones desde la práctica sobre los principales retos que plantea la migración internacional confirman la necesidad de una efectiva inclusión social y productiva de esta población en los países receptores. En este marco, las respuestas de política pública importan. En efecto, no puede negarse que los países de la región deben manejar los costos económicos, y los costos políticos que puede generarle el fenómeno, pero con respuestas de política pública apropiadas y un manejo comunicacional certero con la ciudadanía son más los beneficios que trae para la sociedad, sus comunidades y el desarrollo global. Respuestas de política pública efectiva también reducen las posibilidades de rechazo, discriminación y xenofobia contra las personas que llegan. Las políticas públicas deben entonces priorizar la regularización, la inclusión laboral, el acceso a salud y educación, y la integración cultural y combate a la xenofobia, entre otras prioridades.
Mas allá de respuestas individuales: el rol de la cooperación migratoria
Ante los retos planteados, no se puede seguir haciendo lo mismo. Es vital propiciar una cooperación migratoria más efectiva entre los países de la región, y de esta región con otras del mundo. En lo respectivo a los países de América Latina y el Caribe, así como la migración ha sido una constante también lo ha sido la cooperación. En efecto, la región tiene una sólida historia de cooperación en migración y protección. Esto incluye varios acuerdos de movilidad humana que facilitan las migraciones seguras, ordenadas y regulares, y que además se aplican para subregiones específicas. Algunos de estos son vía la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Mercosur. Además, se han alineado esfuerzos de protección y asistencia humanitaria entre países, como lo que se avanza en el marco del proceso de seguimiento “Cartagena +40” para evaluar progresos relativos a la Declaración de Cartagena de 1984 y, más recientemente, vía el Proceso de Quito, mecanismo que se activó para atender la crisis migratoria venezolana. En 2022, también se aprobó a nivel regional la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, propuesta por Estados Unidos, y firmada durante la Cumbre de las Américas 2022 celebrada en Los Ángeles. Todos estos esfuerzos confirman la voluntad de los países de llevar una agenda positiva de cooperación. Sin embargo, hay ciertas áreas que es clave mejorar para optimizar los impactos de estos esfuerzos que abarcan (a) la armonización de conceptos, criterios y propuestas, (b) la gestión de las políticas públicas enfocada en resultados, y (c) la no duplicación de esfuerzos de cooperación.
En primer lugar, es esencial procurar una mayor armonización. Es un hecho que la mayoría de los países de la región hacen sus mejores esfuerzos por avanzar efectivas respuestas de política pública en materia de seguridad y protección de derechos, pero dada la naturaleza verdaderamente hemisférica, y global, de las migraciones, es necesario propiciar una mayor articulación entre estos. Si bien sería utópico aspirar a que los países operen con unicidad de criterios, principalmente porque cada país resuelve de la manera acorde a su propio pacto social las tensiones entre la protección de su seguridad y de los derechos humanos de personas en movilidad humana y las comunidades que reciben, es esencial que hagan propuestas de acción coordinadas que permitan una visión más integrada de las soluciones, una optimización de las inversiones en materia migratoria, un intercambio y coordinación de información que beneficie a los otros países, y por último, un mejor aprovechamiento de los aportes que personas migrantes y refugiadas pueden hacer a sus países de acogida.
En segundo, y en vista de lo apremiante de las necesidades en materia de migraciones, y la oportunidad única de poder aprovechar sus contribuciones, es importante propiciar una gestión orientada a resultados. Aunque es un hecho que se han venido implementando esquemas y matrices de trabajo basadas en resultados, aún existe un déficit en cómo se comunica, y cuáles son los resultados de la gestión migratoria. Después de todo, cuanto más informadas están las comunidades de acogida de las respuestas que están dando sus estados a la migración, cuanto mayor percepción de control y orden se pueda proyectar, y cuanto más eficientes sean las políticas públicas diseñadas, mayores serán las posibilidades de prevenir la xenofobia y asegurar cohesión social, integración y aprovechamiento de los talentos de quienes llegan. Por cierto, este manejo responsable de las migraciones también puede prevenir su uso por liderazgos políticos de corte populista que con frecuencia usan la migración para movilizar votos, o añadir escándalo a conversaciones políticas y sobre políticas públicas en campaña.
Finalmente, y especialmente hoy en día, es vital asegurar la no duplicación de esfuerzos. Tal como se mencionó, en la actualidad hay muchos espacios de cooperación donde participan países. A nivel global, existen procesos de cooperación alrededor del seguimiento al Pacto Global para la Migración (2017), y al Pacto Global de los Refugiados (2017), y a nivel interamericano los mencionados anteriormente. Todos los países que participan de procesos de cooperación regional migratoria están trabajando en áreas temáticas relevantes para atender los desafíos mapeados en este artículo tales como la protección temporal y regularización, o el reasentamiento de refugiados y vías complementarias, o la lucha contra la trata de personas y contra el tráfico de migrantes. En consecuencia, existen numerosos espacios donde coinciden no sólo los temas sino también los países involucrados (y sus funcionarios). Una evaluación de los objetivos y prioridades de diversos mecanismos regionales y subregionales de cooperación en materia de migración y protección revela un cierto nivel de duplicación. Para citar un ejemplo, de todos los mecanismos regionales actualmente en implementación en las Américas, existen 31 grupos de trabajo temáticos en total, y alrededor de 13 tocan ejes temáticos similares. El reto futuro es cómo lograr complementariedad y cómo optimizar los mecanismos subregionales existentes abordando áreas de duplicación.
Tal como muestra este análisis, la tendencia reciente en América Latina y el Caribe ha sido la intensificación de las dinámicas migratorias con al menos cuatro nuevas características:
- El predominio de la migración intrarregional, con aumentos en los niveles de personas desplazadas forzadas.
- El aumento en la precariedad de la condición de las personas en movilidad humana.
- La emergencia de retos vinculados a la protección de la seguridad de países de tránsito y destino, al igual que del incremento en las necesidades de protección internacional.
- La consolidación de la naturaleza verdaderamente hemisférica del fenómeno migratorio en las Américas.
En las Américas, y el mundo, hemos visto cómo la migración ha sido utilizada por líderes populistas y nacionalistas para construir capital político por la vía de la demonización y criminalización de las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, con políticas públicas intencionales se puede arribar a un escenario de desarrollo y democracias incluyentes que se ven beneficiadas por el superávit migratorio. La migración puede revitalizar las dinámicas económicas y de inversión, y puede también reavivar esquemas de participación de los migrantes con sus comunidades de acogida, propiciando la cohesión social a nivel de ciudades y comunidades. El ejercicio de derechos políticos fundamentales como la ciudadanía, la representación política y la participación en la toma de decisiones de poblaciones migrantes puede generar una especie de círculo virtuoso que también abona a la construcción de democracias incluyentes. Por otro lado, la migración puede contribuir a la gobernanza y estabilidad democrática, por medio de los beneficios de los aportes económicos, lingüísticos, culturales y de innovación. Tal como se argumenta en este trabajo, alcanzar un desarrollo global pleno, basado en el aprovechamiento de las contribuciones de las migraciones es directamente proporcional a las políticas públicas que de forma deliberada e intencional se implementen. Ese es el reto de cara al futuro.
