Todo empieza en casa — y, por extensión, en nuestros barrios, comunidades y ciudades. Los territorios son la escala concreta donde se entrelazan cultura, economía y política con la vida cotidiana de miles de millones de personas. Las ciudades no son solo el escenario en el que habitamos: son protagonistas en la construcción de futuros más justos, inclusivos y sostenibles. Desde mi experiencia, creo que es a nivel local donde pueden florecer las transformaciones más estructurales — siempre que estén respaldadas por políticas públicas sólidas, financiación adecuada y una visión compartida de bienestar colectivo.
Vivimos en un mundo cada vez más urbano: para 2050, casi el 70 % de la población mundial vivirá en áreas urbanas, según el Informe Mundial de las Ciudades de 2022. Además, las ciudades son responsables de generar el 80 % del PIB mundial. El crecimiento de las ciudades genera oportunidades — pero también desafíos profundos. Hoy, más de 1.000 millones de personas viven en asentamientos informales, sin acceso adecuado a la vivienda, al agua potable, al saneamiento y a la movilidad. Y, según el Informe Mundial de las Ciudades de 2024, las comunidades vulnerables tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir los impactos más graves del cambio climático, como inundaciones, olas de calor, deslizamientos e inseguridad hídrica. Estos datos muestran que la forma en que pensamos y construimos nuestras ciudades tendrá un impacto directo no solo en el futuro de las personas que viven en ellas, sino también en el futuro del planeta en su conjunto. Cuidar de las ciudades es, por tanto, cuidar de la humanidad y de su supervivencia común.
Este principio está recogido en un documento fundamental para guiar a las ciudades en la búsqueda de un futuro urbano mejor: la Nueva Agenda Urbana. Adoptada en 2016 durante la Conferencia Habitat III, representa un hito en la formulación de un pacto urbano global centrado en los derechos humanos, la justicia espacial, la sostenibilidad medioambiental y la participación ciudadana. Parte del reconocimiento de que la urbanización, si está bien orientada, puede ser una poderosa aliada para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París.
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) es la agencia del Sistema de las Naciones Unidas dedicada a las ciudades y al desarrollo urbano sostenible, cuyo mandato está orientado a alcanzar las metas del ODS 11 (“Ciudades y comunidades sostenibles”) y de la Nueva Agenda Urbana. En los últimos años, ONU-Habitat ha actuado como catalizador de este proceso, apoyando a los gobiernos nacionales y locales en la creación de políticas públicas integradas, basadas en evidencias y orientadas a resultados concretos. Trabajar a nivel local permite implementar soluciones concretas y promover cambios reales, ya que la escala de la acción se encuentra con el impacto de la vida cotidiana. En un mundo marcado por crecientes desigualdades, cambio climático e inestabilidad económica, reconocer el poder transformador del nivel local es más urgente que nunca.
En este contexto, uno de los pilares fundamentales para promover ciudades más inclusivas es el acceso a una vivienda adecuada. Este es un derecho humano a partir del cual se pueden alcanzar otros derechos, siendo un eje estructurante de la inclusión social, la salud pública y la seguridad climática. Hoy, el déficit habitacional global es alarmante y constituye uno de los desafíos que deben abordarse de forma prioritaria. En Brasil, por ejemplo, el déficit es de 6,2 millones de viviendas, lo que representa alrededor del 8,3 % del total de viviendas del país, según datos del Censo de 2022. Cuando hablamos de este problema, no solo nos referimos a las personas que no tienen vivienda, sino también a la cohabitación involuntaria, a viviendas precarias y al coste excesivo del alquiler. Garantizar una vivienda adecuada es un paso fundamental para promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de toda la población. Cuando decimos que “todo empieza en casa” también queremos llamar la atención sobre el tema de las personas en situación de calle, que carecen de un hogar, siendo que este cumple un papel fundamental en la realización de los demás derechos humanos y del derecho a la ciudad.
La financiación de la vivienda debe ser repensada como una prioridad dentro de la agenda global de desarrollo. El acceso a una financiación asequible y a largo plazo es una condición indispensable para viabilizar soluciones habitacionales sostenibles e inclusivas. Fondos públicos y mecanismos como garantías de crédito, fondos rotatorios, asociaciones público-privadas, asignación de inmuebles vacíos e instrumentos de captura de plusvalías deben ampliarse e integrarse en las estrategias nacionales y locales. La falta de acceso a financiación adecuada no solo limita la oferta de viviendas, sino que perpetúa ciclos de pobreza urbana y exclusión.
Además, invertir en vivienda adecuada — es decir, viviendas dignas, asequibles, sostenibles y con acceso a servicios básicos — es una de las formas más eficaces de combatir la pobreza urbana y promover la justicia climática. Al mismo tiempo, la construcción representa aproximadamente el 40 % de las emisiones de carbono relacionadas con la energía. Por tanto, promover la vivienda social de bajas emisiones de carbono y servicios urbanos eficientes también significa actuar directamente sobre las causas y consecuencias de la crisis climática.
Durante los preparativos de la 4.ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4), ONU-Habitat defendió firmemente la centralidad de la vivienda en los planes nacionales y subnacionales de acción climática, argumentando que el acceso a financiación asequible es una condición indispensable para la resiliencia urbana. Instrumentos ya conocidos, como la captura de plusvalías, los fondos habitacionales y las garantías de crédito para familias de bajos ingresos — incluyendo para mejoras en viviendas existentes — son algunas de las soluciones viables que necesitan apoyo multilateral para escalar.
Sin embargo, la financiación se cita con frecuencia como uno de los principales cuellos de botella para transformar los planes urbanos en realidad. Datos de la ONU indican que menos del 10 % de la financiación climática global llega directamente a los gobiernos locales — aquellos más cercanos a la implementación de soluciones. Esta brecha revela la necesidad de reformar los mecanismos de financiación internacional, priorizando instrumentos que fortalezcan la gobernanza urbana y que permitan a los territorios recibir, gestionar y aplicar recursos de forma eficaz.
Para revertir esta situación, es fundamental combinar la financiación climática y habitacional con estrategias de fortalecimiento institucional local. La creación de entornos normativos favorables, el acceso a datos y el desarrollo de capacidades técnicas son requisitos previos para que las ciudades estén preparadas para recibir e implementar recursos internacionales con eficacia y transparencia.
Más allá de este panorama, cabe destacar la importancia de comprender los territorios no solo como espacios físicos, sino como depositarios de identidad, memoria y pertenencia. La cultura urbana es un activo esencial para el desarrollo local. Iniciativas que valoran el patrimonio histórico, promueven el urbanismo social o crean redes de economía creativa demuestran cómo es posible integrar cultura y economía de forma regenerativa.
En comunidades periféricas y/o asentamientos informales, la cultura se manifiesta como resistencia, expresión política y alternativa para generar ingresos. Creo que un enfoque basado en el territorio — que reconoce los saberes locales e implica a los residentes en los procesos de decisión — es más eficaz para crear ciudades humanas, resilientes y productivas con un sentido de pertenencia compartido.
Esa fuerza cultural y social, sin embargo, necesita ser reconocida, comprendida y potenciada mediante políticas públicas eficaces. Herramientas como el Índice de Prosperidad de las Ciudades, el Mapa Rápido Participativo, el Perfil Socioeconómico, el Marco de Monitoreo Urbano (Urban Monitoring Framework) y la Encuesta de Desigualdad Urbana (Urban Inequality Survey), desarrolladas o apoyadas por ONU-Habitat, ayudan a los gobiernos a identificar desigualdades, planificar políticas públicas y supervisar los ODS de forma territorializada.
El fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales es otro aspecto central. En muchas ciudades del Sur Global, especialmente las intermedias y pequeñas, la escasez de datos fiables y la limitación de personal técnico dificultan la formulación y ejecución de políticas urbanas eficaces. ONU-Hábitat ha trabajado para apoyar a los gobiernos en la creación de sistemas integrados de datos urbanos, promoviendo el uso de herramientas que cruzan información territorial, socioeconómica y medioambiental. La digitalización, aliada al fortalecimiento de competencias locales, es esencial para ampliar la eficiencia de la administración pública y garantizar que los recursos invertidos produzcan resultados concretos y medibles.
También se ha reforzado la importancia de la planificación multiescalar: es en la alineación entre los niveles nacional, regional y municipal donde se fortalece la gobernanza urbana y donde las soluciones dejan de ser puntuales para convertirse en estructurales. En este sentido, iniciativas como CHAMP (Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships), lanzada en el marco de la COP28, cobran aún más relevancia al reconocer el papel de los municipios en la implementación de planes nacionales de adaptación y mitigación.
La cooperación multilateral debe reconocer que la escala local es estratégica no solo para la implementación, sino también para la concepción de políticas innovadoras. La inclusión de actores locales en los procesos de formulación de políticas — a través de coaliciones como CHAMP — ha demostrado que la acción climática es más eficaz cuando conecta los compromisos nacionales con las realidades cotidianas de las ciudades. Con el fortalecimiento de mecanismos como SURGe (Sustainable Urban Resilience for the Next Generation), es posible no solo integrar la planificación urbana con la mitigación y adaptación climática, sino también fomentar una gobernanza colaborativa que responda a las necesidades del presente con la ambición del futuro.
Las ciudades se han mostrado, en los últimos años, como laboratorios vivos de soluciones innovadoras. La cooperación Sur-Sur ha permitido el intercambio entre países con realidades similares. Redes como Mercociudades, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (United Cities and Local Governments UCLG, por sus siglas en inglés), ICLEI (Gobiernos Locales por la Sostenibilidad) y otras plataformas de ciudades son esenciales para escalar buenas prácticas y replicar metodologías probadas en contextos diversos, además de las propias asociaciones nacionales de ciudades, como la Asociación Brasileña de Municipios (ABM), el Frente Nacional de Alcaldes (FNP) y la Confederación Nacional de Municipios (CNM).
Algunas ciudades, especialmente las de tamaño medio, han destacado por su capacidad de innovación y su cercanía con la población. Su escala más manejable permite mayor flexibilidad institucional y abre espacio para enfoques participativos y colaborativos. La articulación de pactos locales, alianzas regionales y mecanismos multilaterales — como los promovidos por la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana — ofrece una base sólida para esta transformación.
Transformar el mundo exige, antes que nada, transformar el lugar en el que vivimos. Los hogares, barrios y comunidades son la primera escala de convivencia, solidaridad y acción colectiva. Cuidar de las ciudades es cuidar de las personas y del planeta. Pero ese cuidado no comienza en grandes conferencias ni en tratados multilaterales: comienza en casa — en el reconocimiento del potencial de cada territorio y en la convicción de que, al fortalecer lo local, abrimos caminos hacia un futuro global más justo, inclusivo y sostenible.
