Los gobiernos locales -a través de ayuntamientos, prefecturas, municipalidades, alcaldías o jefaturas de gobierno- desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía. Desde la educación y la atención sanitaria hasta el desarrollo de infraestructuras; desde la planificación urbana y las políticas de movilidad hasta la seguridad ciudadana o la gestión de la administración, por nombrar sólo algunos.
Además de las tareas asignadas en función del mandato legal -que varía de país en país- los gobiernos locales muchas veces se ven forzados a enfrentar desafíos que la contingencia les pone por delante, a pesar de que no cuentan con recursos financieros suficientes ni con la obligación legal.
En la actualidad, la actividad de dichos gobiernos locales también se ve impactada por tres dinámicas que complejizan aún más su actuación y ejercen presión sobre las finanzas locales: el cambio climático, el envejecimiento de la población y la transformación digital.
En cuanto a los efectos asociados al aumento de temperaturas y al cambio climático, nuestros ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en áreas como el transporte, la vivienda y la regulación del uso del suelo, áreas que tienen un impacto directo si pretendemos alcanzar los objetivos climáticos nacionales e internacionales. Para cumplir con dichos objetivos, resulta clave entonces invertir en la mejora, mitigación y adaptación de infraestructuras, en donde los gobiernos locales tienen una participación significativa en el diseño y ejecución de grandes obras. Para financiar estos esfuerzos, es imperativo movilizar ingresos a nivel local y explorar nuevos enfoques innovadores, por ejemplo, a través de la cooperación. En efecto, en materia ambiental, la cooperación intergubernamental resulta esencial para alinear los objetivos climáticos en todos los niveles de gobierno, incluido el nivel de los gobiernos subnacionales y locales.
Respecto de la segunda dinámica -asociada al envejecimiento de la población-, la baja tasa de natalidad y el aumento de la expectativa de vida en la región tiene una incidencia directa en la demanda de servicios en las ciudades. Si bien en algunos ámbitos -como la educación infantil o primaria- la necesidad puede disminuir, en otros, como la salud y sobre todo la atención a las personas mayores, la presión aumenta significativamente. Los gobiernos locales deben entonces prepararse para estas demandas en constante evolución, contando con recursos suficientes para financiar infraestructura adaptada para personas mayores y desarrollando modelos innovadores de atención inclusiva.
Finalmente, la tercera dinámica -que bien gestionada puede representar un tremendo activo- está relacionada con la transformación digital. Porque, por un lado, puede significar una mejora en la eficiencia de la gestión pública local, facilitar el acceso a servicios, promover la innovación y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, por otro lado, también implica desafíos significativos, especialmente en términos de recursos y capacidades.
Uno de los principales obstáculos de esta dinámica es justamente la inversión necesaria para implementar tecnologías digitales y permitir el despliegue de infraestructura de conectividad, ya que muchas ciudades enfrentan limitaciones presupuestarias que pueden dificultar la adopción de soluciones digitales avanzadas que lleguen a toda la ciudadanía. Para afrontar estos desafíos, las ciudades deben planificar cuidadosamente sus inversiones y estrategias de transformación digital, priorizando proyectos que sean sostenibles y que puedan generar un impacto positivo en la comunidad.
El financiamiento, una preocupación compartida
Como vemos, estos desafíos y dinámicas están presionando las arcas fiscales de los gobiernos locales y cambiando el paradigma financiero de las ciudades, exigiendo respuestas innovadoras, coordinación multinivel y cooperación. Se trata de una preocupación recurrente en cualquier foro de alcaldes y alcaldesas, porque la voluntad política no basta para hacer frente a los retos que enfrentan las administraciones locales: se requieren recursos económicos y acceso a más y mejor financiamiento para acometer las grandes transformaciones que los entornos urbanos exigen.
En este contexto, durante el I Encuentro de Ciudades Iberoamericanas -evento que desarrollamos en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en el marco de la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno- 21 gobiernos locales de la región se dieron cita para discutir sobre los retos, desafíos y oportunidades que enfrentan las principales ciudades iberoamericanas. En dicho escenario, la temática del financiamiento y el acceso a recursos para el desarrollo de los grandes proyectos de transformación urbana fue el principal eje de discusión.
Allí pudimos escuchar, en boca de los principales líderes de nuestra organización, frases como “los alcaldes siempre tenemos que responder, aunque no tengamos la respuesta ni los recursos” o “no se puede pensar en el futuro si no financiamos de forma diferente las ciudades”. Desbordadas por la gestión del día a día, las autoridades locales tienen al mismo tiempo que estar pendientes de la planificación financiera, de la gestión fiscal y de la captación de recursos externos. Porque muchas veces asociamos la acción de los gobiernos locales con la ejecución y el trabajo más operativo, pero en el trasfondo, existe una labor de arquitectura financiera que desborda a cualquier gobierno local de la región.
La cooperación entre ciudades, una necesidad
Pero, ¿cómo puede la cooperación entre ciudades mejorar el acceso a financiamiento? Lo primero que habría que poner en valor es que la cooperación al desarrollo ha sido tradicionalmente un mecanismo de los países para enfrentar los retos y desafíos del progreso. Las ciudades son un actor relativamente nuevo en materia internacional y, por tanto, son también un actor reciente en materia de cooperación.
Sin embargo, ello no significa que el potencial de estos mecanismos no sea gigantesco, ya que la cooperación entre ciudades iberoamericanas puede ser una herramienta muy poderosa para mejorar el acceso a financiamiento. Cuando las ciudades trabajan juntas, comparten experiencias, conocimientos y buenas prácticas, se fortalecen sus capacidades para desarrollar proyectos sólidos y atractivos para los financiadores. Además, la colaboración puede facilitar la creación de alianzas estratégicas y la participación en fondos internacionales o programas de financiamiento específicos para el desarrollo urbano y sostenible.
Por ejemplo, las ciudades pueden aliarse para presentar proyectos conjuntos, lo que aumenta su peso y visibilidad ante organismos multilaterales, bancos de desarrollo o fondos de inversión. También pueden intercambiar información sobre oportunidades de financiamiento, aprender de las experiencias de otras ciudades en la gestión de recursos y fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas para gestionar esos fondos de manera eficiente. En definitiva, la cooperación entre ciudades genera una red de apoyo que puede facilitar el acceso a recursos financieros, promoviendo así un desarrollo urbano más sostenible y equitativo.
Conscientes de esas bondades, en el I Encuentro de Ciudades Iberoamericanas pudimos sentar en la mesa, junto con los alcaldes y alcaldesas, a representantes de la banca de desarrollo y de la banca tradicional, entidades claves si queremos promover una conversación y una cooperación multiactor para hacer frente a las brechas de financiamiento. Una de las cosas que fue subrayada por los representantes de estas entidades fue, justamente, la revalorización de las ciudades y los entornos urbanos como sujetos de acceso al crédito y al financiamiento. Como bien decía un representante de uno de los principales bancos de la región, “en muchas ciudades las clasificaciones de riesgo locales son mejores que aquellas de los gobiernos nacionales”, por tanto, resulta más atractivo y menos riesgoso para la banca financiar a estas entidades.
Esta revalorización y ese mayor peso específico de las ciudades en tanto sujetos de financiamiento lo vemos también con el último informe que ha publicado el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe-CAF. En su Reporte de Economía y Desarrollo, ha centrado la mirada en el papel de los gobiernos locales y regionales en el desarrollo de América Latina y el Caribe, haciendo allí hincapié en la necesidad de descentralizar la inversión pública y de aumentar la disponibilidad de recursos a nivel de gobiernos locales.
Como bien se refleja en dicho informe, a pesar de que hoy en día las fuentes de financiamiento son más variadas -cada vez son más los gobiernos locales que recurren a la emisión de deuda o a mecanismos externos en instituciones bancarias y crediticias-, sigue existiendo una brecha de financiamiento marcada por transferencias insuficientes del gobierno central, una recaudación tributaria deficiente y otras limitaciones que afectan sus capacidades institucionales. Y aquí es donde justamente un modelo de cooperación entre ciudades iberoamericanas, impulsado por organizaciones como la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), puede marcar una diferencia significativa.
Porque la UCCI juega un papel fundamental para promover el diálogo y la cooperación entre las grandes ciudades y capitales iberoamericanas. Nació hace más de 40 años como un organismo con vocación de cooperación y, a día de hoy, el tender puentes entre ciudades a ambos lados del Atlántico sigue estando en el corazón de nuestra acción diaria.
A diferencia de otros organismos, nuestra organización no otorga líneas de crédito, no concede préstamos ni pone a disposición fuentes de financiamiento; pero sí cuenta con un activo fundamental para el desarrollo y financiamiento de nuestras ciudades: la capacidad de facilitar el intercambio de conocimientos, promover la innovación y fortalecer las redes de colaboración entre las autoridades y actores urbanos. Este activo permite que las ciudades aprendan unas de otras, implementen soluciones adaptadas a sus contextos específicos y potencien su desarrollo sostenible, social y económico.
