Vivimos tiempos de transformación profunda. El mundo atraviesa una etapa marcada por tensiones geopolíticas crecientes, fragmentación económica y avances tecnológicos vertiginosos. Estos cambios están redefiniendo el comercio internacional, las cadenas de valor y las formas de interacción entre países. En medio de estas nuevas reglas del juego, América Latina y el Caribe, con su capital natural, diversidad biológica y potencial humano, se enfrenta a los retos de cerrar brechas históricas y otras de reciente gestación, así como de retomar su senda de crecimiento.
Es en este contexto que la Cuarta Conferencia para la Financiación del Desarrollo, que se llevará a cabo en Sevilla en julio de 2025, busca impulsar inversiones a gran escala en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), repensar la arquitectura financiera global y reforzar la solidaridad internacional y el multilateralismo. Para nuestra región es fundamental reducir los costos de financiamiento y mejorar la gestión de la deuda, especialmente en aquellos países donde su servicio limita el espacio fiscal, para impulsar la inversión en el desarrollo sostenible.
América Latina y el Caribe se caracteriza por sus contrastes. Es una de las regiones más biodiversas del mundo, pero también una de las más desiguales; tiene una oferta energética limpia competitiva, pero aún enfrenta importantes rezagos económicos y sociales y bajos niveles de productividad. Este doble rostro se vuelve aún más desafiante en un contexto donde las crisis —económicas, sanitarias, climáticas— ya no son episodios aislados, sino fenómenos recurrentes y superpuestos que interactúan entre sí.
Los países que la componen se ven atrapados entre una creciente necesidad de inversión para financiar el desarrollo y otras demandas emergentes, y un espacio fiscal cada vez más limitado. En las últimas décadas, la deuda pública como proporción del PIB ha crecido rápidamente a nivel global. Sin embargo, entre 2010 y 2023, su ritmo de expansión en América Latina y el Caribe supera significativamente el de los países desarrollados. Al mismo tiempo, el peso de la deuda externa en la región también ha aumentado, al pasar de representar el 25% del total de la deuda pública en 2010 a un 32% en 2022. Este cambio en la composición incrementa la exposición de los países a shocks de demanda global y a episodios de volatilidad cambiaria.
La pandemia marcó un punto de quiebre en esta trayectoria. Tras un ciclo de endeudamiento barato impulsado por políticas monetarias expansivas, se dio paso a una etapa de restricción monetaria que encareció drásticamente tanto el acceso a los mercados como el servicio de la deuda. En promedio, el pago de intereses en la región representó el 15% de los ingresos fiscales netos en 2023, en contraste con el 5% observado en los países desarrollados.
En este escenario, la persistencia de tasas de interés reales elevadas podría prolongar los costos del endeudamiento, afectando aún más el espacio fiscal, limitando la inversión pública y reduciendo el margen de maniobra ante futuras crisis. Las perspectivas de crecimiento, en muchos casos por debajo del costo del financiamiento, agravan esta dinámica.
Una arquitectura financiera internacional alineada con el presente
Para sumar a las problemáticas ya descritas, la arquitectura financiera internacional actual, con reglas diseñadas en otro momento histórico, no contribuye con la agilidad ni la escala necesarias para afrontar los desafíos estructurales de nuestros países. Las instituciones financieras multilaterales —aunque han sido pilares clave de la estabilidad económica global, proporcionando financiamiento, apoyo técnico y asesoría a los países en desarrollo— deben adaptarse frente a las crisis y retos interconectados que enfrentan los países en desarrollo. Las crisis sistémicas de las últimas décadas han puesto a prueba sus instrumentos, sus modelos de gobernanza y su capacidad de movilizar recursos, obligando a repensar y reformar las bases del sistema, con criterios de equidad, eficacia y resiliencia.
El fortalecimiento de los bancos regionales no es una consigna retórica. Es una respuesta concreta a los vacíos del sistema actual. En este contexto, las instituciones de carácter regional como CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, representan una alternativa sólida y en expansión, con una serie de atributos que les permiten ir más allá de la provisión tradicional de financiamiento.
Fundada en 1968 por seis países andinos, hoy cuenta con 23 países accionistas y va en camino de convertirse en el banco de desarrollo con mayor cobertura de América Latina y el Caribe. En sus más de 50 años de existencia, CAF ha financiado más de 230.000 millones de dólares en proyectos de desarrollo, contribuyendo de manera tangible a mejorar la calidad de vida de millones de latinoamericanos y caribeños.
Uno de sus atributos clave es su estructura de gobernanza. A diferencia de otros bancos multilaterales de desarrollo donde las decisiones estratégicas suelen estar condicionadas por el peso de los países donantes –y donde América Latina y el Caribe tienen una representación multilateral limitada– CAF es una institución con vocación regional, en la que los países latinoamericanos y caribeños tienen el rol protagónico en la definición de sus prioridades.
Opera bajo un modelo cooperativo que permite una toma de decisiones más equilibrada, sensible a las distintas realidades nacionales y con capacidad para actuar con agilidad ante desafíos cambiantes. Además, su modelo de capitalización ha demostrado ser estable y predecible, sin depender de aportes condicionados ni sujetos a cambios de orientación política por parte de grandes accionistas. Ejemplo de ello es la aprobación por parte de la Junta Directiva de CAF de un incremento de capital de US$7.000 millones, el mayor en la historia de la institución, ocurrida en 2024 en Cartagena. Esta estabilidad refuerza su capacidad para acompañar de forma sostenida a los países de la región, incluso en contextos de incertidumbre o de redefinición de las alianzas multilaterales.
CAF también cuenta con un importante margen para ampliar su escala. En 2024, las necesidades de financiamiento de América Latina y el Caribe se estimaban en torno al 13% de su producto interno bruto. Sin embargo, el financiamiento multilateral representó apenas el 5% de ese total, y dentro de esa porción CAF tiene una participación del 12% (según el Monitor fiscal CAF, en base a fuentes nacionales).
Conocimiento del terreno
Estas cifras no solo reflejan el espacio disponible para crecer, sino también el potencial de una institución que puede incrementar su impacto con herramientas más adaptadas y mayor cercanía operativa. Las alianzas con otros organismos clave para el desarrollo de nuestra región son de vital importancia para construir verdaderas plataformas para movilizar recursos y alinear el trabajo entre diferentes actores. Podemos destacar el trabajo realizado con el PNUD en materia de pobreza multidimensional o en materia de gobernanza para el desarrollo, permitiendo fortalecer las capacidades de nuestros países; o con la Organización Panamericana de la Salud en proyectos de infraestructura, salud, y en la lucha contra enfermedades como la malaria, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y promover la integración regional.
Ese conocimiento del terreno se traduce en soluciones concretas. CAF ha desarrollado instrumentos que responden a las particularidades de la región. Dentro de estos destacan desde líneas de crédito estructuradas para apoyar reformas institucionales, hasta financiamiento a gobiernos subnacionales, un nivel de gobierno tradicionalmente excluido del financiamiento internacional. A través del trabajo directo con municipios y provincias, CAF contribuye a cerrar brechas de inversión en infraestructura social, movilidad, agua y saneamiento, acercando el desarrollo a donde más se necesita. También financia proyectos binacionales de integración logística y energética, promueve cadenas de valor regionales y acompaña agendas de innovación y digitalización en países como Paraguay, Colombia, Uruguay y República Dominicana, entre otros —ejemplos que ilustran su capacidad para convertir aspiraciones de desarrollo en resultados tangibles—.
Asimismo, CAF ha tomado pasos firmes con respecto a la utilización de los Derechos Especiales de Giro (DEGs), arista transversal en la discusión sobre las reformas a la arquitectura financiera internacional. Desde febrero de 2023, es tenedor autorizado de DEGs, lo que le permite no solo recibir estos activos y convertirlos en divisas a través del intercambio voluntario entre los países miembros, sino también participar en operaciones financieras, incluidos préstamos, liquidación de obligaciones financieras, SWAPS, prendas, transferencias como garantía, entre otros, para canalizar recursos hacia proyectos que atienden las prioridades de sus países miembros. En un momento en que muchos países de la región enfrentan restricciones severas de liquidez, esta capacidad potencialmente abre una puerta adicional para movilizar recursos sin condicionalidades ni costos elevados.
Uno de los ejes más ambiciosos de la estrategia institucional de CAF es su transformación en el banco verde de la región, objetivo que en la coyuntura actual se mantiene. El banco se ha propuesto que para 2026 al menos el 40% de sus aprobaciones sean verdes, incluyendo financiamiento en áreas como la transición energética y la protección de la biodiversidad. Asimismo, está avanzando en otros compromisos como financiar hasta 1.250 millones de dólares en economía azul y salud de los océanos; aprobar 15.000 millones de dólares en favor de la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres hasta 2030; y canalizar 2.000 millones de dólares para la protección de la Amazonía en el periodo 2023-2030.
En esta lógica de expansión estratégica, CAF ha profundizado su papel como catalizador y movilizador de recursos financieros, orientado a maximizar el impacto de sus operaciones y cerrar el persistente déficit de inversión. A través de esquemas de cooperación que optimizan el financiamiento concesional, viabiliza inversiones frente a crisis globales y promueve respuestas concertadas. En alianza con fondos verdes y actores globales, articula mecanismos de cofinanciamiento diseñados para abordar desafíos con alto impacto social y ambiental.
El sector privado también es clave para el crecimiento económico, la creación de empleo y la innovación. Por ello, CAF trabaja activamente para construir un entorno habilitante que fomente la movilización de recursos desde esta esfera. Así, ha fortalecido instrumentos para habilitar y movilizar inversión privada, esenciales para escalar el financiamiento sostenible, mediante la estructuración de vehículos de cofinanciamiento con la banca comercial internacional, fondos de impacto e instituciones financieras de desarrollo. Desde 2022, esta estrategia ha movilizado más de 5.200 millones de dólares de terceros, triplicando en promedio el aporte directo del banco en dichas operaciones y consolidando una configuración financiera que integra lo público y lo privado en favor del desarrollo regional.
Adicionalmente, CAF ofrece soluciones financieras innovadoras, diseñadas para adaptarse a los objetivos de manejo de deuda y a las necesidades específicas de sus países miembros. Entre estas alternativas se encuentra la posibilidad de ofrecer financiamiento en moneda local u otras divisas distintas al esquema tradicional, reduciendo la exposición a riesgos cambiarios. Asimismo, cuenta con esquemas de amortización flexibles, que permiten ajustar los pagos en función de la ocurrencia de eventos inesperados o desastres naturales previamente establecidos en el contrato.
Otro instrumento destacado son los Préstamos Integrales Vinculados a Objetivos Climáticos y Sociales (PIVOC), mediante los cuales CAF ofrece incentivos financieros concretos a los países que sobrecumplen metas climáticas y/o sociales preacordadas. A su vez, premia con una mayor concesionalidad a los proyectos íntegramente verdes, reforzando su papel como facilitador de la transición sostenible en la región.
En un mundo que tiende a segmentarse en bloques, donde la cooperación internacional enfrenta tensiones y la arquitectura financiera global está en proceso de redefinición, también se abre una ventana de oportunidad para repensar el papel de la región en el escenario global, con más representación y mejores soluciones desde América Latina y el Caribe. Para ello, la región necesita una voz propia y coordinada. CAF está en una posición privilegiada para articular esa voz, conectar prioridades nacionales con agendas globales, y proyectar al mundo una región que, lejos de ser solo receptora de soluciones, tiene propuestas y capacidad de liderazgo. Ser puente para las Américas también significa eso, facilitar la convergencia en medio de la fragmentación, y transformar el potencial regional en una agenda compartida de desarrollo.
Sergio Díaz-Granados: Presidente Ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde lidera su estrategia institucional y expansión regional. Fue Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2010–2013), impulsando tratados como el TLC con EE. UU. y la Alianza del Pacífico. También se desempeñó como Director Ejecutivo del BID para Colombia y Perú, liderando comités clave y procesos de integración financiera en la región.
