La agenda de financiación para el desarrollo es fundamental para alcanzar los propósitos planteados en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Relacionado con los países de renta media como varios de América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana, el futuro de esta agenda no solo deberá contemplar la necesidad de generar nuevos indicadores más integrales para la medición del desarrollo sostenible de los países, como sucedió en la Conferencia Internacional sobre la Financiación al Desarrollo celebrada en Addis Abeba en 2015; sino que la próxima, programada para realizarse en Sevilla, España, en 2025, debería incorporar una perspectiva multidimensional que permita construir e implementar una arquitectura global de la cooperación, en la que todos los países en desarrollo reciban apoyo de acuerdo con sus desafíos, vulnerabilidades y brechas estructurales.
Esto último amerita que los sistemas de datos y estadísticas no sólo sean reconocidos como importantes para la agenda del financiamiento en tanto su relevancia para el monitoreo y evaluación del desarrollo de los compromisos, como quedó consignado en la Agenda de Acción de Addis Abeba, sino como una condición previa para el propio logro de la agenda de desarrollo y de la toma de decisiones basadas en la evidencia.
Para los países como la República Dominicana, que han logrado un crecimiento económico sostenido en los últimos 50 años, y que se encuentran viviendo bajo la amenaza de la graduación con las especificidades de un país que es también un Pequeño Estado Insular en Desarrollo, las conversaciones y negociaciones sobre el futuro de la financiación al desarrollo representan tanto una oportunidad como un desafío.
En tanto oportunidad, estas conversaciones y negociaciones deben conducir a un abordaje integral de la financiación explorando nuevas fuentes de financiamiento y mejorando el uso de los recursos disponibles. Además, es necesario el diseño de estrategias que permitan la incorporación de actores como pueden ser el sector privado y la sociedad civil, para mejor aprovechar sus aportes hacia la consecución de la Agenda.
Como desafío, está la tarea pediente de traducir el crecimiento económico en una reducción de la desigualdad que amerita de producir estadísticas sobre necesidades analíticas específicas y para las cuales pocos donantes tienen recursos destinados al fortalecimiento institucional de las propias oficinas de estadísticas o de los sistemas estadísticos nacionales.
En este sentido, la agenda de la financiación para el desarrollo, al igual que muchas otras agendas, incluida la Agenda 2030, debe poner de relieve la importancia de los datos y las estadísticas no sólo para el seguimiento de estás sino también para su implementación y contribución al debate en la búsqueda de una medición multidimensional del desarrollo. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado ver su valor más amplio como una cuestión intersectorial. Tampoco se ha logrado una mayor financiación para la producción estadística.
En las siguientes secciones haremos una breve revisión a la agenda internacional sobre el desarrollo, su financiación y las implicaciones para países de renta media. Además, presentaremos el ejemplo de la República Dominicana, exhibiendo por una parte altas tasas de crecimiento y, por otra, manteniendo una serie de desigualdades que impactan a la población residente en el país. Finalmente, presentaremos las oportunidades que brinda la Cuarta Conferencia sobre Financiación al Desarrollo y el trabajo que está realizando el Grupo de Alto Nivel sobre Asociación, Coordinación y Creación de Capacidades (HLG-PCCB) de Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, a miras de fortalecer el lenguaje sobre datos y estadísticas en el documento que emane de dicha Conferencia.
La agenda internacional sobre el desarrollo, su financiación y los países de renta media
Como expone el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en varios documentos, en las últimas décadas se evidencian importantes avances en el desarrollo humano y, por tanto, en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, reconoce también dicho organismo, estos avances no pueden ser atribuidos exclusivamente al crecimiento económico; más aún, la sostenibilidad de este crecimiento y su impacto en el desarrollo humano implican superar una serie de desigualdades que siguen persistiendo en muchos países. Estas desigualdades, en todas sus manifestaciones y formas, muchas veces se esconden detrás de visiones rígidas basadas en el nivel de ingresos.
En el año 2015, finalizado con resultados no muy favorables el plazo para la consecusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la comunidad internacional arribó a un nuevo pacto para alcanzar el desarrollo adoptando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este nuevo compromiso se ha propuesto poner fin a la pobreza en todas sus formas y promover la prosperidad y el bienestar de las personas sin menoscabo del medio ambiente.
Alcanzar esta agenda requiere contar con algunos principios básicos tales como la universalidad, que busca no dejar a nadie atrás; la igualdad de género como un componente transversal de todos los ODS; la interconexión e indivisibilidad en el logro de los objetivos, lo cual implica un abordaje integral de todos los ODS y no por separado; y, sobre todo, el fortalecimiento de las alianzas en todos los niveles y dimensiones.
Los sistemas de datos y estadísticas deben ser reconocidos como importantes para la agenda del financiamiento por su relevancia para el monitoreo y evaluación de los compromisos; también como una condición previa para el propio logro de la agenda de desarrollo y de la toma de decisiones basadas en la evidencia.
Por otra parte, alcanzar las ambiciosas metas que los Estados miembros de las Naciones Unidas se han trazado en los ODS requiere contar con el financiamiento adecuado, un tema un tanto complejo para países como los de renta media en tanto enfrentan, en muchas ocasiones, panoramas fiscales difíciles y desafíos de desarrollo en un contexto cada vez más incierto. Esto último, en particular, se evidencia luego de la pandemia de la COVID-19.
En el marco de las Naciones Unidas se han dado tres importantes conferencias sobre la financiación al desarrollo. La primera fue realizada en 2002 en Monterrey, México; la segunda en Doha, Qatar, en 2008; y la tercera en Addis Abeba, en 2015. Esta última reafirma compromisos de las dos primeras, además de reconocer la necesidad de seguir apoyando a los países de renta media en la superación de dificultades específicas a las que se enfrentan. Al mismo tiempo, se reitera que los países son los responsables principales del financiamiento de su desarrollo.
Para 2025 se tiene programada la realización de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo en Sevilla, España. En el marco de las negociaciones, que se han iniciado oficialmente a medidos de 2024 con la primera reunión preparatoria en Addis Abeba, los temas relacionados a la conformación de una arquitectura global de la cooperación que responda a los aspectos multidimensionales del desarrollo, más allá del puro crecimiento económico, ocupan nuevamente un lugar importante.
En el marco iberoamericano, estos elementos han sido reconocidos en diferentes declaraciones emanadas de las Cumbres Iberoamericanas, subrayando el rol que la cooperación internacional al desarrollo debe jugar en el apoyo a los países de renta media en su objetivo de alcanzar el desarrollo. En la reciente cumbre celebrada en el Ecuador, el programa de acción aprobado mandata a la Secretaría General Iberoamericana, en el punto D.13, a promover, de cara a la IV Conferencia, el diálogo entre los países de la región con vistas a ampliar la convergencia de visiones en temas que les impactan como el de la medición multidimensional del desarrollo sostenible.
La trampa de la graduación: el ejemplo de la República Dominicana
La República Dominicana es un país con una historia de crecimiento económico de más de 50 años. Salvo por la llamada “década perdida” en los ochenta, el país exhibe tasas de crecimiento que, en promedio, se colocan en un 5%. En agosto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentaba su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024 en el que señala que la región se encuentra en una trampa de crecimiento que se ha prolongado por varias décadas y que el contexto mundial y regional limitan el espacio de las políticas macroeconómicas en su favor.
En este estudio, la CEPAL actualizó sus proyecciones colocando a la República Dominicana con una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de un 5,2% para 2024 y un 4,5% para 2025. Estas previsiones están por encima del promedio de América Latina y el Caribe, proyectado en un 1,2% y en un 2,3% respectivamente. También están por encima de nuestra sub-región de América Central, incluyendo México, entre un 3,1 y un 2%.
Por otra parte, en septiembre, el Fondo Monetario Internacional concluía la Consulta del Artículo IV con la República Dominicana correspondiente a 2024, resaltando un historial de sólidas políticas institucionales han ayudado a lograr un crecimiento económico robusto y resiliente con una baja inflación en las últimas dos décadas.
Sin embargo, a pesar de exhibir importantes avances en materia de crecimiento y reducción de pobreza, la República Dominicana tiene una tarea pendiente en materia de desigualdad. Un estudio realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrolo sobre la desigualdad monetaria para el período comprendido entre 2012 y 2016 muestra que en 2019 el 1% de los hogares de mayores ingresos recibió el 9,6% de los ingresos totales. Por su parte, el 50% de los hogares de menores ingresos recibió el 21,9% de los ingresos totales. Con base exclusivamente en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, que levanta el Banco Central, el 1% más rico captaría una porción del ingreso que es algo menos de la mitad de la que recibe de manera acumulada el 50% de la población dominicana de menores ingresos por un trabajo realizado.
Los niveles de desigualdad se mantienen elevados debido, entre otros factores, a la baja capacidad de crear empleo decente, la alta concentración del empleo en el sector informal (por encima del 50% de la Población Económicamente Activa), los bajos salarios y brechas salariales por género, y la sub-cobertura de los servicios sociales.
A esto hay que agregar que es uno de los países con mayores porcentajes de embarazos en adolescentes de la región, colocándose en el tercer trimestre de 2024 en un total del 18,02% del total de embarazos. Aunque es un fenómeno que va disminuyendo tras la puesta en marcha de importantes acciones de política pública que han permitido una mayor coordinación interinstitucional, no es menos cierto que sigue siendo uno de los principales flagelos que perpetúan la desigualdad de las adolescentes y de sus descendencias.
Por otra parte, la República Dominicana se ve afectada por varios condicionantes que aumentan su vulnerabilidad ante el cambio climático. Primero está nuestra condición de ser una pequeña nación insular, lo que nos expone a fenómenos climáticos como los huracanes. Segundo, los niveles de desigualdad socioeconómica, que incrementan el nivel de vulnerabilidad de las personas ante los efectos del cambio climático impactando en la salud, la capacidad de cultivar alimentos, la vivienda, la seguridad y al trabajo. De acuerdo con el Índice Global de Riesgo Climático de 2021, estamos en el rango de 130; hace 6 años ocupábamos la posición 80.
Entre los años 2013 y 2023, tal y como muestra el mapa elaborado por la Oficina Nacional de Estadística, el país se ha visto afectado por unos nueve eventos naturales, incluyendo tormentas tropicales, depresiones tropicales y huracanes.
Mapa de Eventos Naturales en la República Dominicana 2013-2023
Solo por mencionar un caso de estos eventos naturales y su impacto en la economía y sociedad dominicana, en el año 2022 el huracán Fiona golpeó con dureza la parte este de la isla. Provincias turísticas como las de La Altagracia o de las más pobres como El Seibo fueron altamente impactadas. Se estima que las pérdidas económicas, conforme a estimaciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, fueron de unos 213 millones de dólares, constituyendo un 1,1% del gasto público y un 0,2% del Producto Interno Bruto Nacional. Los tres sectores más afectados fueron el agropecuario, el de agua potable y saneamiento, así como el de viviendas, que evidentemente afectan a personas y familias, así como a su salud.
La mayor parte de la población afectada es la que se encuentra asentada en zonas de riesgo natural, como lechos de ríos, zonas de pendientes altas, de suelos frágiles o marginales, en las que no existe o no se aplica una normativa para regular el uso del suelo acorde a su capacidad o fragilidad; también impacta en las personas de menos recursos con impactos diferentes entre mujeres y hombres; y afecta a la actividad económica como el turismo y la agricultura, por citar algunos ejemplos. Todo ello conlleva un círculo vicioso, en el cual no se puede escapar a la marginalidad si no se toman medidas integrales por parte de todos los actores involucrados.
De igual manera, los impactos del cambio climático son más severos por una urbanización inapropiada y una concentración poblacional en áreas de alta exposición a fenómenos naturales. Es el caso de numerosas ciudades de la República Dominicana donde se ha dado un fenómeno de rápido crecimiento sin una planificación ni ordenamiento territorial previos, lo que ha repercutido en un aumento de edificaciones mal construidas o con una manutención inapropiada, en la falta de infraestructura básica (agua, alcantarillado, eliminación de residuos, etcétera), así como en la ocupación de áreas de drenaje natural. Estos elementos, entre otros, se constituyen como amenazas adicionales en el caso de los desastres.
La República Dominicana, como un país en “graduación”, pero al mismo tiempo como una economía insular altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, se enfrenta a importantes desafíos para poder financiar la agenda desarrollo contemplada tanto en compromisos internacionales como los ODS, o como nuestra propia Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la cual fue promulgada como ley en el año 2012.
Tal y como se presentó en el Segundo Informe Nacional Voluntario sobre el Cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021, el nivel de alineación de los ODS con la planificación nacional es alto (91%) y se está procurando su integración plena a través de la planificación de mediano plazo, de la cual, uno de sus sustentos fue el Plan de Gobierno 2020-2024. El informe da cuenta de que el ritmo de avance hacia las metas de los ODS ha sido insuficiente, situación agravada por el impacto de la pandemia de COVID-19.
El informe también señala que, en los últimos años, el país ha visto disminuir las opciones para acceder a la ayuda oficial al desarrollo luego de haber sido clasificado como país de renta media alta, a pesar de que en amplios segmentos poblacionales y territorios se mantienen tasas de pobreza muy altas. Debido a barreras estructurales, dichos segmentos se han beneficiado muy poco del crecimiento económico de las últimas décadas.
El informe hace una revisión de las fuertes limitaciones en el campo de las finanzas públicas que tiene el país, las cuáles implican que República Dominicana deberá desplegar significativos esfuerzos en la movilización de recursos internos y financiamiento externo. Esto incluye el aumento de los flujos de ayuda oficial al desarrollo, a fin de respaldar la Estrategia Nacional de Desarrollo y la implementación de los ODS, incluso mediante la cooperación. Como una forma de avanzar en estos compromisos, el Gobierno dominicano trabaja, con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas, en la elaboración de un Marco Nacional Integrado de Financiamiento, un marco metodológico para fortalecer el financiamiento del desarrollo sostenible basado en tres elementos fundamentales:
a) Generar insumos para mejorar el vínculo entre la planeación para el desarrollo y el financiamiento.
b) Apoyar el fortalecimiento de las capacidades nacionales de monitoreo temático del desarrollo y los flujos de financiamiento asociados.
c) Brindar insumos para la implementación de una estrategia de movilización de recursos (de todas las fuentes) para el desarrollo, a través de mecanismos alternativos de financiamiento.
Estos esfuerzos serán insuficientes si no se lleva a cabo un pacto fiscal que conlleve un aumento en los ingresos públicos y una mayor eficiencia del gasto público. Los esfuerzos en esa dirección se han visto entorpecidos tras el retiro de la propuesta del Proyecto de Modernización Fiscal que el gobierno dominicano sometió a principios de octubre de 2024.
La IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo: una oportunidad para crecer económicamente reduciendo las desigualdades
La Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en 2015, finalizó con la adopción de la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA). Esta proporcionó un nuevo marco mundial al armonizar todas las corrientes y políticas de financiación con las prioridades económicas, sociales y ambientales.
Además, la AAAA contribuyó al posicionamiento de los sistemas de datos y estadísticas para la financiación al desarrollo, principalmente a través del reconocimiento de la importancia de los datos de calidad para la toma de decisiones basadas en evidencia y del rol de los sistemas estadísticos nacionales. En este punto en particular, tal y como lo ha señalado el Grupo de Alto Nivel sobre Asociación, Coordinación y Creación de Capacidades (HLG-PCCB, por sus siglas en inglés), aunque los informes anuales sobre la financiación para el desarrollo sostenible ponen de relieve la necesidad de contar con mejores datos y estadísticas para el monitoreo y el seguimiento de los compromisos, hasta ahora no han logrado incluirlos como cuestiones intersectoriales, siendo este un importante desafío en las negociaciones de cara a la IV Conferencia que se desarrollará en 2025 en Sevilla, España.
Como lo ha planteado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, la celebración de esta Conferencia tiene como objetivo impulsar la implementación de las políticas y movilizar los recursos financieros por parte de la comunidad internacional para cumplir los compromisos de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global. Además, esta actualizará y ampliará la agenda tomando en cuenta cuestiones esenciales como las políticas fiscales, la cooperación internacional para combatir los flujos ilícitos y la evasión fiscal, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la financiación privada, el comercio, la sostenibilidad de la deuda, la ciencia y la tecnología, y la reforma de la gobernanza del sistema financiero internacional.
Dos elementos son claves hacia la consecución de esta agenda y, en los cuáles la región iberoamericana puede jugar un rol preponderante. El primero está llamado a lograr, como lo ha planteado el Ministerio de Relaciones de Costa Rica, los mecanismos que permitan una mejor coordinación y un mejor apoyo selectivo del Sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales y otros interesados a países como los iberoamericanos. Esto es esencial, muy especialmente, para ayudar a los países de renta media a enfrentar sus dificultades para alcanzar las metas planteadas en la Agenda 2030, los ODS y, más recientemente, la Cumbre del Futuro, incluido el Pacto Global Digital.
El segundo tiene que ver con lo planteado por el HLG-PCCB, en el sentido de que, para generar nuevos indicadores más integrales para la medición del desarrollo sostenible de los países, como se acordó en Addis Abeba, la narrativa sobre datos y estadísticas debe de cambiar. Ha que considerar estos no solo como herramientas de monitoreo, sino también como un motor clave para un financiamiento sostenible y eficiente para la toma de decisiones.
Para lograr este segundo elemento en particular, el resultado de las negociaciones hacia la IV Conferencia al Desarrollo debe incluir el rol transversal de los datos y las estadísticas en todo el documento que vaya a emanar de ella, y no sólo como un elemento aislado, como se concibe en estos momentos, como lo ha estado abogando el Grupo de Alto Nivel sobre Asociación, Coordinación y Creación de Capacidades (HLG-PCCB, por sus siglas en inglés).
Reflexiones finales
La realización de la Cuarta Conferencia sobre Financiación al Desarrollo en 2025 representa una oportunidad para llegar a resultados que permitan acelerar el alcance de las metas planteadas por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, sus negociaciones deben representar espacios para que regiones como la iberoamericana aúnen esfuerzos que permitan concebir una medición del desarrollo multidimensional en la que los sistemas de datos y estadísticas jueguen un papel fundamental en la implementación de las políticas públicas.
El proceso de negociación que se está llevando a cabo deberá finalizar en una propuesta concreta en la que, países como la República Dominicana puedan encontrar los mecanismos que le ayuden a salir de la trampa de la graduación. Se abre así una oportunidad para concebir la medición del desarrollo más allá del crecimiento económico. Esto permitiría mirar a los países de una forma más integral y desarrollar los mecanismos que contribuyan a seguir creciendo con los diferentes apoyos que se ameritan, independientemente del grado de renta que exhiban.
En este proceso, los datos y estadísticas juegan un rol importante en la medida en que permiten que se tomen decisiones basadas en la evidencia. El trabajo que está realizando el Grupo de Alto Nivel sobre Asociación, Coordinación y Creación de Capacidades (HLG-PCCB) debe encontrar los diferentes apoyos para lograr un mayor financiamiento a los sistemas estadísticos nacionales y un mejor posicionamiento de la agenda de los datos y estadísticas en el documento que emane de la Conferencia.
